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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 17/12/2025 06:22
Credito caricatura La Caldera. Los denunciados son Fernando Cañete, Hernán Vitulo y Jorge Barrotaveña. La presentación judicial Fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, se trata de una denuncia penal de alto impacto institucional, que solicita investigar un presunto entramado de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y canalización de fondos estatales hacia patrimonio privado, con epicentro en la ciudad de Gualeguay. La presentación pone el foco en un patrón estructural que, según surge de investigaciones periodísticas y antecedentes públicos, habría funcionado durante años mediante la coexistencia de dos circuitos de recursos públicos —lo que en la jerga local se conoce como “dos cajas”—: uno vinculado al IOSPER (obra social provincial) y otro al ámbito de la Legislatura, a través de contrataciones irregulares conocidas como “contratos truchos”. El eje de la denuncia: fondos públicos y patrimonio privado La denuncia solicita que la Fiscalía investigue si ambos circuitos habrían tenido una finalidad común: la obtención de fondos estatales y su posterior canalización hacia bienes, sociedades y emprendimientos privados, mediante operadores, intermediarios y personas interpuestas. En ese marco, se menciona al ex legislador Hernán Vitulo (también referido como Vitullo en algunas publicaciones), respecto de quien ya existen antecedentes públicos de denuncia por enriquecimiento ilícito. La nueva presentación pide una reconstrucción patrimonial integral, no solo del período en que ejerció funciones públicas (hasta 2015), sino también de los años posteriores, cuando —según la experiencia judicial— suelen formalizarse o reacomodarse bienes y titularidades. Pauta oficial y personas interpuestas Uno de los puntos centrales es el análisis de la pauta publicitaria oficial, en particular la proveniente del IOSPER y otros organismos, como posible mecanismo de simulación de ingresos. La denuncia no afirma hechos cerrados, pero solicita verificar si la pauta fue utilizada para justificar capacidad económica aparente y luego canalizar fondos hacia operaciones patrimoniales. En ese contexto se pide investigar la situación patrimonial de Jorge Barroetaveña, vinculado a la actividad periodística en Gualeguay, y su eventual rol como persona interpuesta en la adquisición o administración de un corralón de materiales y otras operaciones, analizando si su nivel de vida y bienes resultan compatibles con ingresos lícitos verificables. Fernando Cañete, IOSPER y una operación inmobiliaria bajo la lupa La denuncia también solicita investigar al ex presidente del IOSPER, Fernando Cañete, en razón de su desempeño funcional prolongado, su presunto incremento patrimonial y los vínculos comerciales y/o societarios que habría mantenido con Vitulo. En particular, se pide poner la lupa sobre una operación inmobiliaria estatal: la adquisición o utilización de un edificio destinado al IOSPER y/o al Registro Civil, respecto de la cual se solicita determinar titularidades reales, precios, valuaciones, intermediaciones y posibles sobreprecios. En este punto, la presentación menciona a Rosario Romero —ex ministra y actual intendenta de Paraná— exclusivamente a los fines de que se verifique si existió intervención estatal en decisiones vinculadas al inmueble o a su destino institucional. Toda conclusión, aclara la denuncia, deberá surgir de documentación oficial. Contratos truchos y una investigación integral Otro eje relevante es la posible articulación entre el circuito del IOSPER y el de los contratos irregulares en la Legislatura, como fuente de fondos públicos luego canalizados hacia estructuras privadas, lo que completaría el patrón de “dos cajas” descripto. La presentación solicita expresamente que la investigación no se fragmente, sino que aborde los hechos de manera integral, con cruces registrales, pericias patrimoniales, análisis de contrataciones y trazabilidad de fondos. Pedido de medidas urgentes y ampliación post feria Finalmente, se requiere que la Fiscalía adopte medidas urgentes de aseguramiento de prueba, dada la gravedad institucional de los hechos y el riesgo de pérdida de documentación. Asimismo, se deja asentado que, finalizada la feria judicial, se ampliará la denuncia con documentación periodística de La Caldera, constancias registrales y fiscales, y otros elementos actualmente en proceso de ordenamiento. La denuncia fue puesta en conocimiento de la Procuración General, la Unidad Fiscal de Gualeguay, la OGA y la Coordinación del MPF, con el objetivo de asegurar transparencia, impulso efectivo y control institucional en una investigación que, por su alcance, excede largamente a los nombres propios y remite al uso de recursos públicos en la provincia. Post Views: 81
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