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» Diario Cordoba
Fecha: 16/12/2025 20:25
María Serrano, brigada de la Guardia Civil con más de tres décadas de ejercicio en el Instituto Armado, se ha convertido en los últimos diez años en una figura controvertida dentro del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla: para sus defensores se trata de una denunciante valiente que pagó caro su decisión de sacar a la luz supuestas irregularidades dentro de la institución; para sus detractores, una subordinada que terminó enfrentada con mandos y compañeros y que acumula procedimientos disciplinarios y pleitos. Este lunes y martes, se enfrenta a un juicio ante un Tribunal Militar tras ser acusada de denuncia falsa por el general de División Mora Moret, al que señaló por encubrir a otros agentes, en una investigación que fue archivada por prescripción de delitos. El denunciante le pide más de un año de prisión militar mientras el Fiscal Militar, finalmente, ha retirado la petición de cárcel. Fuentes oficiales de la Benemérita en Sevilla han declinado hacer valoraciones sobre este proceso judicial en curso. Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que el hecho de que el Fiscal Militar no haya solicitado pena de prisión "facilita un poco" el proceso para Serrano. La denuncia interna de 2015 Ingresada en la Guardia Civil en 1993, Serrano ascendió por las diferentes escalas del Instituto Armado hasta convertirse en jefa del equipo del Seprona en Sevilla. A lo largo de los últimos años, ha concedido entrevistas para tratar de sacar a la luz su caso. En 2015 detectó y puso por escrito irregularidades en la tramitación de denuncias relacionadas con el comercio de productos pesqueros inmaduros y la gestión de residuos de aceite usado. Pidió que se investigara a un cabo primero de su unidad. Ese aviso interno derivó, según su versión, en la apertura de diligencias que se cerraron posteriormente por prescripción. Aquelllo provocó una tensión enorme con sus mandos y según Serrano represalias en su contra. Quién la acusa y qué pide Uno de los nombres que atraviesa el caso es el del comandante Fernando Mora Moret, entonces responsable del Seprona en Andalucía y superior directo de Serrano en el momento en que estallan las discrepancias. Es Mora Moret quien ha denunciado a quien fuera su subordinada. Tras las advertencias internas elevadas por la brigada sobre presuntas irregularidades en la gestión de determinadas denuncias ambientales, la relación profesional entre ambos se deterioró hasta derivar en un enfrentamiento abierto. Mora Moret acabó denunciando a Serrano, acusándola de actuaciones irregulares y de dañar la disciplina interna del cuerpo, lo que dio lugar a procedimientos judiciales y disciplinarios contra la agente. Uno de los compañeros que llevó adelante esta denuncia junto a Serrano fue Javier Navarro, su compañero en el Serprona, que investigó junto a ella un supuesto delito de corrupción en esta unidad del Instituto Armado. El pasado 12 de octubre, la brigada informó en redes que su compañero y testigo en su causa penal militar falleció de forma repentiena a los 56 años. La Asociación Unificada de la Guardia Civil califica de "represalias" laborales el caso de María Serrano y reclama la abolición de la justicia militar para juzgar a agentes en el desarrollo de sus funciones como miembros del Instituto Armado La denuncia pública de Serrano y su insistencia en que se investigaran esa supuestas conductas irregulares la situaron en el centro de una pugna con sus jefes directos: denuncia tras denuncia, recursos y alegaciones. Ella misma y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil han hablado de "represalias" laborales. Además, varias acusaciones internas terminaron traduciéndose en procedimientos judiciales y militares contra ella por presunta denuncia falsa o incumplimientos. La AUGC habla de represalias A consultas de este medio, fuentes oficiales de la AUGC sostienen que, a día de hoy, siguen pensado este juicio militar "se trata de una medida represora". "Quien denunción una serie de supuestas irregularidades, es finalmente la que sale perjudicada", sostiene. Sobre todo, la AUGC en este caso reclama la "abolición total" de la aplicación del código militar a los guardias civiles cuando estén desarrollando funciones administrativas, de policía judicial o las relativas a sus funciones en el Instituto Armado. Y que sólo se les juzgue ante un Tribunal Militar cuando se trate de funciones militares "como cuando está desarrollando funciones de apoyo en misiones". En septiembre de 2024, el asunto volvió a la primera línea informativa cuando Serrano difundió públicamente su versión, acompañada del respaldo de la AUGC, que reclamó la existencia de canales internos de denuncia eficaces y criticó la apertura de causas militares contra quienes alertan sobre irregularidades. Entre otras cosas, Serrano realizó una petición de protección a los agentes que denunciaran corrupción. En redes sociales, donde anuncia las novedades de su periplo judicial, María Serrano acumula miles de seguidores que la apoyan en su causa.
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