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Colon » El Entre Rios
Fecha: 16/12/2025 18:30
Este martes, el Ministerio Público Fiscal imputó al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, a los ex presidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, lo mismo que a Aldo Álvarez y a Fernando Barboza, este último actual funcionario del gobierno entrerriano (Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo), y al agente de seguros Ignacio Caprarulo.Luego de que se conociera la noticia, desde la defensa del exintendente de Concordia, Enrique Cresto, cuestionaron el encuadre de la imputación formulada en el marco de la denominada causa Seguros y adelantaron que en las próximas horas se presentará “formalmente un pedido de desvinculación del expediente, al considerar que no existen elementos jurídicos ni probatorios que permitan atribuirle responsabilidad penal”.La abogada María de los Ángeles Petit, quien asumió la defensa del exjefe comunal y de su exSecretario de Gobierno Aldo Álvarez, sostuvo que se trata de “una imputación que solo puede analizarse desde la política”, al entender que no se apoya en hechos delictivos concretos, sino en una interpretación forzada de actos administrativos regulares.Según explicó la defensora, “el legajo fue iniciado de oficio por el fiscal José Arias, cuya actuación fue cuestionada por la defensa por el modo en que se condujo la investigación, direccionándola hacia Cresto, circunstancia que luego derivó en su apartamiento del expediente por decisión judicial”. Al respecto, Petit señaló que “las razones que llevaron a ese apartamiento siguen intactas hoy, incluso al momento en que se formula esta imputación”.En relación con el contenido de la Resolución, la abogada explicó que el reproche penal no parte de un hecho oculto o irregular, sino que “se intenta presentar como ilícito un acto administrativo que fue expreso, formal y documentado”. En ese sentido, indicó que lo que se cuestiona es la designación institucional de un productor de seguros, realizada en el ámbito del municipio de Concordia.Petit detalló que “en diciembre de 2019 Enrique Cresto no contrató a nadie”, sino que “dictó una resolución administrativa mediante la cual se designó a Esteban Caprarulo como productor de seguros, como lo tienen todos los municipios de la Provincia, a fin de realizar más eficientemente la relación del municipio con el organismo”. Según explicó, “esa designación no fue una decisión discrecional ni caprichosa”, sino que “respondió a una exigencia concreta del propio IAPSER, establecida en una disposición de su Directorio, que obligaba a los municipios a designar institucionalmente un productor para que actúe en su nombre.”Desde la defensa remarcaron que “la Fiscalía pretende presentar como un delito el procedimiento de nombramiento, pero no considera que no se trató de una contratación de personal de servicios, ni de la generación de una relación onerosa con el municipio, ya que sus honorarios los paga el propio Instituto”.En ese marco, Petit fue enfática al señalar que “la designación no generó ninguna relación económica entre el productor de seguros y la Municipalidad de Concordia”. Según explicó, “la eventual retribución del productor está prevista dentro del sistema del IAPSER y es abonada exclusivamente por ese organismo, sin que exista pago alguno, compromiso presupuestario ni erogación de fondos municipales”.“La Municipalidad nunca le pagó honorarios a ningún productor de seguros”, afirmó la abogada, y agregó que “por ese motivo no puede hablarse de fraude al Estado ni de negociación incompatible con la función pública”, figuras que —según indicó— “se intentan forzar sin respaldo en los hechos ni en la normativa aplicable”.Respecto de las denominadas “cifras millonarias” mencionadas en la imputación, Petit precisó que el monto total asciende a $11.361.540, lo que representa $236.698 mensuales durante el período comprendido entre 2019 y 2023. Al respecto, explicó que “se trata de pagos realizados por el IAPSER y no por la Municipalidad por lo que no se puede acreditar la existencia de un perjuicio económico para el Estado municipal”.La defensora también señaló que, “a más de dos años del inicio del legajo”, el expediente “no incorporó elementos probatorios que permitan determinar la comisión de delito alguno” en relación a Enrique Cresto y Aldo Álvarez, ambos bajo su defensa. En ese sentido, cuestionó que “se avance con una imputación sin hechos nuevos, concretos o verificables que la sustenten”.“En estado de sospecha pedimos medidas probatorias, especialmente relacionadas con el Decreto 025/2024 por el que el actual Intendente Francisco Azcue nombra al mismo asesor, mencionando en los considerandos de la norma que ha merituado los antecedentes del trabajo realizado por Caprarulo entre los años 2019-2023 y que la designación no representa costos adicionales ni establece relación laboral, atento a los dictámenes de las áreas administrativas y legales del municipio”, indicó.Otro de los puntos destacados por la abogada tiene que ver con la situación funcional de Cresto durante el período investigado. Según explicó, “entre enero de 2020 y octubre de 2022 Enrique Cresto se desempeñó como administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), motivo por el cual no se encontraba al frente del Ejecutivo municipal durante una parte sustancial del período que se analiza”.Finalmente, desde la defensa reafirmaron la convicción de que “no existen elementos jurídicos que justifiquen su imputación, así que actuaremos en consecuencia en las próximas horas. No vamos a dejar que esto se convierta en un circo de campaña, como ya lo hemos vivido en otra oportunidad”.“Lamentamos profundamente que determinados sectores de la Justicia continúen prestándose a este tipo de maniobras de carácter político, a través de causas que, desde un análisis objetivo, deberían ser archivadas. Resulta evidente la necesidad de otorgar trascendencia pública a estos expedientes y a las personas involucradas: aún no habíamos terminado de notificarnos cuando el tema ya había trascendido, con lujo de detalles, a los medios desde el propio ámbito tribunalicio, con una intencionalidad que no puede desconocerse. Es más, Cresto y Álvarez debían presentarse el día de ayer, tal como lo hicieron los demás imputados. No obstante, por razones estrictamente profesionales de mi parte, solicité a la Fiscalía reprogramar la comparecencia para el día de hoy. En este ambiente, está claro que las casualidades no existen. Ayer no se dijo nada, pero hoy, cuando el nombre de Cresto aparece, algunos se apresuraron a hacerlo saber inmediatamente en la prensa. Claro que no nos preocupa que se haga público, pero es necesario hacer notar el trasfondo que no tiene nada de la búsqueda de la verdad y la transparencia”.
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