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» Voxpopuli
Fecha: 16/12/2025 18:29
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) dejó sin efecto una contratación de USD 21.850.000 destinada a adecuar un nuevo edificio para el CCCD y comprar equipamiento especializado, la cual fue declarada desierta. El proceso estuvo plagado de irregularidades: Retiro de ofertas: Dos de las cuatro empresas concursantes (Emixer S.A. y Servicios Críticos Tesla SRL) retiraron sus propuestas momentos antes del dictamen de la Comisión Evaluadora. Denuncia de direccionamiento: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia el 22 de noviembre por presunto direccionamiento en la adjudicación, utilizando la figura de «secreto militar» para bloquear el cotejo de valores de referencia. El predio «que no servía» y la amenaza a la ciberseguridad El factor más crítico que desencadenó esta urgencia y desorden es la venta de la sede original del CCCD en Puerto Madero. El Decreto 950/2024 del gobierno libertario dispuso la venta de más de 300 propiedades «innecesarias», incluyendo este predio, que fue subastado en 34 millones de dólares y adquirido por el fideicomiso Madero 6. La paradoja es alarmante: el predio que el gobierno consideró apto para la venta porque supuestamente «no servía» o era «innecesario», era en realidad la sede central y operativa de la ciber defensa de las Fuerzas Armadas argentinas, el organismo clave para proteger los activos críticos del país ante ciberataques. El traspaso del inmueble tiene fecha límite en marzo de 2026. El nuevo titular del EMCO, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, y el comandante del CCCD, general de brigada Luis Guimpel, se ven obligados a gestionar nuevamente todo el proceso de licitación y mudanza en un lapso de apenas tres meses. Esto ocurre bajo el riesgo de que la maniobra debilite la capacidad estratégica del país justo cuando el entorno global exige máxima especialización en sistemas IT. Este proceso de enajenación del inmueble, que ya arrastraba antecedentes desde 2017 y fue motivo de una denuncia ante la PIA por presunta irregularidad y omisión de un plan de transición, ahora pone en jaque la seguridad digital nacional, mientras el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei priorizó el ingreso de divisas por la venta de un activo estratégico.
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