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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 16/12/2025 17:12
La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse en torno a la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se trata de los tres uruguayenses: Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario de Puertos de provincia imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, junto a Mauro Vazón y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia. Todos estuvieron en la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, gobierno de Mauricio Macri. Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019. Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto —ex diputado provincial—, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazón. El caso de Vazón y Satto adquiere una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazzon es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio. Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos. Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, y el juicio oral se realizará entre el 18 y el 27 de febrero de 2026. La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control. Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas —en algunos casos— de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería Nacional a realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar fehacientemente la identidad de los imputados. A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a cobrar dimensión pública no solo por el monto del presunto desfalco, sino también porque alcanza a funcionarios que hoy ejercen poder político y control institucional. Fuente: El Miércoles Digital
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