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  • Diputados debatirá este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026 y reformas tributarias

    Concordia » Hora Digital

    Fecha: 16/12/2025 15:21

    La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión extraordinaria para tratar varios proyectos clave enviados por el presidente Javier Milei, entre ellos el Presupuesto 2026 y reformas al régi Este miércoles la Cámara de Diputados abrirá su recinto para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria del año, en la que se debatirán varios proyectos enviados por el presidente Javier Milei para este verano. El eje central será el proyecto de Presupuesto 2026, que marcará la primera vez que el Gobierno libertario habilita el debate de la ley de leyes tras haber prorrogado en dos ocasiones el Presupuesto 2023. Además del Presupuesto, durante la sesión prevista para las 14 horas se tratarán reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como “Inocencia Fiscal”, así como un proyecto que establece un marco jurídico institucional permanente para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. La convocatoria a esta sesión extraordinaria fue solicitada por Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza, y representa la primera vez en nueve meses que el oficialismo pide una sesión especial. La última había sido el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siendo esa la única sesión especial solicitada por La Libertad Avanza durante el período ordinario, según informó Parlamentario. El debate del Presupuesto 2026 comenzará tras la reunión de la comisión que preside Bertie Benegas Lynch, que se realizará este martes al mediodía y se espera que emita dictamen. Luego, se continuará con el análisis del proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, cuyo dictamen está previsto para un plenario convocado a las 15 horas del martes. Finalmente, se abordará el proyecto presentado el 15 de septiembre que establece un marco jurídico-institucional permanente para garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. Este último proyecto, presentado junto al Presupuesto 2026, obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con impacto financiero negativo. En caso de alteraciones en ingresos o gastos durante la ejecución presupuestaria, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, y deberá informar al Congreso en un plazo de cinco días. El proyecto también limita al Poder Legislativo, estableciendo que cualquier ley que implique nuevos gastos solo podrá entrar en vigencia si las partidas correspondientes se incorporan al presupuesto del año siguiente, salvo que se disponga un financiamiento específico y suficiente. Además, exige que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones esté acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda. En cuanto al proyecto de “Inocencia Fiscal”, propone modificaciones sustanciales en materia tributaria y penal fiscal para garantizar el principio de inocencia fiscal y adaptar la normativa a la realidad económica actual. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, e incorpora un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la actualización de los umbrales para configurar delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos ajustados por inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de 1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas. El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación. Además, se crea un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio inferior a 10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo en casos de fraude o documentación apócrifa. También se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco: será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares. Respecto al proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno nacional plantea un escenario de superávit fiscal y disciplina presupuestaria, con una expansión del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y una inflación anual proyectada del 10,1%. Para el presente año, la inflación estimada es del 24,5%, mientras que para 2027 y 2028 se prevén tasas del 5,9% y 3,7%, respectivamente. Se estima que el tipo de cambio nominal alcance los 1.423 pesos en diciembre de 2026, con un aumento del 7,4%, y que el índice de precios al consumidor desacelere a un 10,1% interanual en ese mismo período. Para diciembre de 2028, se proyecta una inflación del 3,7% interanual. El valor del dólar previsto para fin de este año es de 1.325 pesos; para diciembre de 2026, 1.423 pesos; para 2027, 1.470 pesos; y para 2028, 1.488 pesos. El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit aproximado de 2 billones. El 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales como salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que fueron foco de debate legislativo durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición. Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

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