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» Rafaela Noticias
Fecha: 16/12/2025 14:07
El proyecto de ordenanza se votará en los próximos días El Concejo comenzó a tratar un proyecto para impulsar la urbanización de los denominados “huecos urbanos” Por Redacción Rafaela Noticias El Concejo Municipal de Rafaela comenzó a analizar un proyecto de ordenanza que propone la creación de las denominadas Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), una herramienta urbanística y tributaria que el Ejecutivo la presente como orientada a promover la urbanización de terrenos vacantes o subutilizados* que ya se encuentran dentro del perímetro urbano de la ciudad, denominados “huecos urbanos”. La iniciativa fue enviada por el Departamento Ejecutivo y plantea la derogación de la ordenanza vigente desde 2005, con el objetivo de actualizar el marco normativo en función del crecimiento urbano, la necesidad de mejorar la conectividad barrial y la ampliación de la oferta de lotes urbanizados. De la reunión participaron, además de los ediles, Silvina Bravino, secretaria de Hacienda y Finanzas; María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Asimismo, acompañaron miembros de las áreas técnicas del Municipio. Qué son las Áreas de Desarrollo Prioritario Según el proyecto, se considerarán Áreas de Desarrollo Prioritario aquellas fracciones de terreno incorporadas al perímetro urbano que permanecen sin urbanizar o suburbanizadas, incluyendo huecos urbanos, terrenos de origen rural sin desarrollo, loteos inconclusos o inmuebles con usos obsoletos o degradados. También se incorporan dentro de esta categoría las superficies necesarias para la apertura o ensanche de calles estructurales, consideradas clave para garantizar la accesibilidad y la conectividad entre barrios. El texto remarca que la permanencia de grandes extensiones sin urbanizar genera ineficiencias en la prestación de servicios, mayores costos para el conjunto de la ciudad y dificultades en la integración urbana. La ordenanza declara como ADP a unos 137 catastros distribuidos en distintos sectores de Rafaela, algunas de gran superficie. Además, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a actualizar ese listado, incorporando nuevos terrenos que reúnan las condiciones establecidas, con posterior validación del Concejo Municipal. Convenios urbanísticos como eje central Uno de los pilares del proyecto es la implementación de Convenios Urbanísticos entre el Municipio y los propietarios de los terrenos alcanzados. A través de estos acuerdos se establecerán: Plazos de ejecución de obras Apertura y donación de calles Compensaciones urbanísticas Condiciones de desarrollo y etapas de urbanización. Cambios en el esquema tributario El texto aclara que solo podrán celebrarse convenios cuando exista un beneficio real y cuantificable para la ciudad, y que cualquier ventaja otorgada al privado deberá estar condicionada al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. El proyecto también introduce modificaciones en el régimen de la Tasa General de Inmuebles, creando una categoría específica para las Áreas de Desarrollo Prioritario, con valores fijos según la superficie de cada terreno. En caso de que los propietarios no suscriban convenios urbanísticos, se prevé la aplicación de adicionales tributarios progresivos, que pueden llegar hasta un incremento del 500% respecto del valor original, hasta tanto no se avance en un acuerdo de urbanización. A medida que se concreten las distintas etapas del desarrollo, los inmuebles cambiarán de categoría tributaria, adecuándose a su nuevo estado urbanizado. ¿Cómo será la implementación y qué rol tendrá el municipio? La iniciativa establece una priorización progresiva de los terrenos, comenzando por aquellos que bloquean la conectividad urbana, los huecos rodeados de barrios consolidados, las grandes superficies o los catastros concentrados en un mismo propietario. Asimismo, el Municipio queda facultado a ejecutar obras de urbanización, infraestructura y servicios cuando los propietarios no puedan o no quieran hacerlo, recuperando luego los costos mediante contribuciones por mejoras u otros instrumentos previstos en la normativa.
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