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Parana » AIM Digital
Fecha: 16/12/2025 09:14
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de adecuación de la ley 26.639 de Glaciares, con el objetivo de redefinir criterios técnicos de protección ambiental, reforzar el rol de las provincias y reordenar el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares. La iniciativa no deroga la norma vigente, pero propone modificaciones sustanciales en su aplicación y ya generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y sociales, supo AIM. Según pudo saber AIM el proyecto fue remitido para su tratamiento legislativo con el argumento oficial de corregir “falencias interpretativas” que, según el Ejecutivo, provocaron inseguridad jurídica, paralización de inversiones y conflictos de competencia entre Nación y provincias. Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, bajo reglas claras y criterios técnicos verificables, en línea con lo establecido por los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Qué cambia la reforma artículo por artículo El proyecto sustituye el artículo uno de la ley y mantiene como eje la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. La novedad es que incorpora de manera explícita la interpretación constitucional que reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales y la utilización racional de los mismos. En el artículo dos, se redefine el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, que pasará a identificar únicamente glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedoras de recarga de cuencas. El inventario seguirá siendo de consulta obligatoria, pero sin afectar las atribuciones de las autoridades ambientales provinciales. Uno de los cambios centrales se introduce con el artículo 3° bis, que incorpora formalmente el principio precautorio. Mientras una geoforma esté incluida en el inventario se la considerará protegida, pero si la autoridad ambiental competente verifica que no cumple funciones hídricas, dejará de estar alcanzada por la ley de Glaciares, aunque continuará bajo la protección general de la Ley General del Ambiente. Supo AIM que este punto apunta a evitar la protección automática y permanente de formaciones sin función hídrica comprobada. El artículo cinco redefine el esquema de actualización del inventario y ratifica al Ianiglia como organismo responsable, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación. No obstante, se refuerza la participación de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Además, la falta de actualización del inventario no invalidará autorizaciones ambientales provinciales ya otorgadas. En cuanto a las actividades prohibidas, el artículo seis mantiene la prohibición de acciones que alteren de modo relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada, incluyendo la minería y los hidrocarburos. La diferencia es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” quedará sujeta a evaluaciones de impacto ambiental realizadas por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando prohibiciones genéricas por análisis técnicos caso por caso. El artículo siete reafirma la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental previa y, cuando corresponda, de la evaluación ambiental estratégica, además de garantizar instancias de participación ciudadana. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia. Por último, el artículo ocho redefine el esquema de autoridades competentes, asignando a cada jurisdicción la designación de su autoridad ambiental y a la Administración de Parques Nacionales la intervención en áreas protegidas nacionales. Las provincias tendrán un rol central en la identificación de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica. Respaldo de gobernadores y debate federal Fuentes parlamentarias informaron a AIM que el proyecto cuenta con el respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas. Mandatarios que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre enviaron una carta al presidente de la Nación en la que advirtieron que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia, sin beneficios ambientales proporcionales. En ese documento señalaron que la adecuación permitiría preservar de manera efectiva los glaciares con función hídrica real, al tiempo que otorgaría previsibilidad jurídica y respeto por las autonomías provinciales, consideradas claves para el desarrollo productivo y la generación de empleo. Advertencia de organizaciones ambientales En paralelo, más de 25 organizaciones ambientales de todo el país alertaron sobre los riesgos de avanzar con una reforma que, a su entender, podría debilitar los niveles de protección establecidos por la Ley de Glaciares. Así lo informaron a AIM desde el Círculo de Políticas Ambientales. Según pudo saber AIM, las entidades remarcaron que la ley sancionada en 2010 garantiza que actividades de alto impacto no avancen sobre zonas donde el daño ambiental sería irreversible, afectando a comunidades que dependen del agua para el consumo, la producción y las economías regionales. Constató AIM que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol estratégico como reservas de agua, reguladores del caudal de los ríos y sostén de ecosistemas de alto valor ambiental y social, en un contexto de acelerado retroceso asociado al cambio climático. “Sin agua no hay desarrollo posible, y sin glaciares no hay agua”, señalaron desde el Círculo de Políticas Ambientales, y advirtieron que cualquier retroceso en los estándares de protección podría habilitar daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud. Una discusión abierta en el Congreso Tal como adelantó AIM previamente, el debate promete reabrir una discusión sensible entre política ambiental, desarrollo productivo y federalismo. Ahora, el proyecto quedó en manos del Congreso, donde se anticipa un tratamiento intenso y posiciones encontradas sobre el futuro de una de las leyes ambientales más relevantes del país.
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