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» Clarin
Fecha: 16/12/2025 06:34
Nos proponemos analizar el fenómeno de debilitamiento de los partidos políticos a partir de su reemplazo por la noción de “espacios” políticos. Ello, frente a la preocupante situación en nuestro país a la que nos referiremos luego. Acudimos a Benjamín Constant, si bien la mayoría de los autores clásicos tuvieron la misma opinión, quien en 1816 definió a los partidos políticos como “una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política”. Los partidos políticos son básicamente asociaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “los partidos políticos surgen como agrupaciones privadas que se crean como una manifestación del derecho público subjetivo de asociación con la finalidad primordial de agregar y defender intereses”. Por lo tanto, poseen una organización permanente y una estructura, y persiguen la concreción de una ideología. Tienen como propósito participar y conquistar el poder político. Asimismo, son una suerte de “polea de transmisión” de la representación y cumplen con la faz agonal (llegar al poder) y la de oposición con lo cual construyen la denominada estructura arquitectónica del poder. Friedrich consideró que la “organización estable” es el rasgo distintivo de un partido, al punto que sirve para diferenciarlo de una facción. En el mismo sentido, la Cámara Electoral tiene dicho que “los partidos políticos constituyen grupos humanos institucionalizados bajo la forma de asociación, cuyos miembros se unen mediante una doctrina común y una organización estable”. No surgen de “la noche a la mañana”, sino que se van conformando, siguiendo un proceso a lo largo del tiempo. El fenómeno del transfuguismo se produce cuando un legislador abandona el bloque político por el cual fue electo para pasar a otro (o crear uno propio), a menudo motivado por intereses personales, promesas de cargos o beneficios. Si la banca la consideramos personal, esta discusión quedaría en lo abstracto; sin embargo, en la práctica, la sociedad lo comienza a ver como una traición del político al votante que eligió una plataforma de ideas y no solo a una persona. Estaríamos frente a una suerte de forma de corrupción. El antecedente nacional más resonante que ilustra la gravedad de este accionar es el caso del ex diputado Eduardo Borocotó en 2005. Electo por un partido opositor (en ese momento el PRO), asumió su banca e inmediatamente la abandonó para unirse al bloque oficialista (el PJ). Este acto dio origen al neologismo «borocotización», usado desde entonces para describir peyorativamente el acto de traicionar el mandato popular por conveniencia personal. Esta situación que ocurre en Argentina no es exclusivamente nacional. La preocupación es regional. En Colombia, el debate es intenso, y aunque existieron intentos legislativos por hundir proyectos que buscaban frenar el transfuguismo, la opinión de partidos como el Centro Democrático es que esta práctica «le hace daño a la democracia», pues erosiona la identidad ideológica y la cohesión política. En Perú, la reforma hacia un Congreso bicameral fue vista, precisamente, como una vía para «poner fin al transfuguismo» y cerrar el paso a la creación constante de nuevas bancadas que solo responden a intereses efímeros y particulares, no a proyectos nacionales duraderos. Este debate nos retrotrae al concepto de mandato imperativo (opuesto al representativo que rige en nuestro país), el cual está prohibido en nuestra Constitución y en la tradición liberal. Si bien entiendo que no se busca revivir esta figura, lo que sí se intenta es conseguir responsabilidad ética: si la persona fue elegida bajo un paraguas ideológico y programático, no puede utilizar esa banca como un capital personal para negociar con otras fuerzas, ya que repetimos, de así hacerlo, estaría traicionando la voluntad de sus votantes. Si los legisladores —ya sean nacionales, provinciales o municipales— desconocen la institucionalidad del partido que los llevó al poder, es ingenuo creer que defenderán la institucionalidad del Estado. Si un legislador traiciona a la estructura que le dio ingreso y a la voluntad de sus votantes, es una consecuencia casi matemática que terminará desconociendo o vulnerando las instituciones formales del Estado. Muchos seguirán defendiendo la visión clásica de que la banca es personal, apelando a la «libertad de conciencia». Sin embargo, los datos son alarmantes: según Transparencia Internacional, la percepción de la corrupción en Argentina está en niveles preocupantes (y aún no se publicó el índice de 2025). Una de las vías para mitigar este flagelo es justamente asegurar que las bancas pertenezcan a los partidos. Esto desalentaría el «transfuguismo político» al eliminar el incentivo de migrar de un bloque a otro a cambio de beneficios personales, un incentivo que ha sido repudiado tanto en la academia como en la opinión pública continental.
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