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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/12/2025 06:14
Una comunidad mapuche propuso un acuerdo al municipio de Villa La Angostura para desestimar el reclamo sobre unas tierras a cambio de explotar un camping La comunidad mapuche Paichil Antriao quiere evitar el desalojo de un camping que usurpa desde hace más de una década y propone administrarlo a cambio de abandonar el reclamo de las tierras y reconocer la titularidad del municipio sobre las mismas. Todo esto se llevó a cabo ante el inminente desalojo del sitio, ubicado en la costa del Lago Correntoso, a pocos kilómetros de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Allí, los mapuches elevaron una propuesta al Poder Ejecutivo local para quedarse con la administración del lugar. A cambio, los intrusos prometieron abandonar el reclamo de la titularidad del camping y reconocer que ese predio pertenece al municipio local. La propuesta, que analiza el municipio local, generó malestar en la comunidad angosturense, que reclama la expulsión de estas comunidades de un sitio “que pertenece a los vecinos, y no a los mapuches”. La cronología judicial acumula cientos de fojas y más de 10 años de idas y vueltas en distintos tribunales locales y de la provincia de Neuquén. Hasta 2020, miembros de la Paichil Antriao contaban con la concesión municipal para explotar comercialmente el espacio turístico y la proveeduría. Cuando expiró la concesión, decidieron quedarse en el camping aduciendo que las tierras pertenecían a la comunidad y no al municipio. La comunidad mapuche Paichil Antriao busca evitar el desalojo Para hacerlo, elevaron numerosos planteos en la Justicia en los que adujeron su preexistencia en las tierras, que incluso las consideran sagradas. En ese marco, la Justicia rechazó esos recursos y ordenó en tres oportunidades el desalojo del lugar y la restitución al municipio de Villa La Angostura. Agotadas las chances mediante esa vía, desde el Poder Judicial volvieron a disponer el desalojo. Sin embargo, para evitarlo, la comunidad Paichil Antriao se jugó una última carta, que es motivo de análisis en el ejecutivo local. En la propuesta, los mapuches se comprometen a abandonar el reclamo de la titularidad de las tierras – algo que la Justicia ya definió– a cambio de quedarse en el camping para explotarlo comercialmente. Así, el municipio local no descartó la opción y estudia un posible acuerdo con los intrusos, situación que generó controversia en la comunidad angosturense, que objetó la permanencia mapuche en las tierras fiscales. Los mapuches pidieron además autorización para realizar sus actividades culturales y espirituales, efectuar instancias interculturales y explotar las bocas de venta, confitería y venta de artesanías en el lugar. El municipio, en caso de avanzar el acuerdo, podría tener otras explotaciones comerciales en el lugar, aunque para poder hacerlo debería contar con el acuerdo de los mapuches. Hay vecinos que se oponen al planteo mapuche y piden que sean desalojados Este entendimiento, que aún conserva la figura de borrador, generó críticas en distintos sectores de la sociedad, que consideraron el posible acuerdo como “algo paradójico”. “Le estaríamos dejando a los usurpadores, la posibilidad de administrar un predio que pertenece al municipio, es decir, a todos los vecinos. Es absurdo”, dijo uno de los opositores a Infobae. No se trata del único conflicto que la comunidad mantiene por usurpar espacios públicos y privados, ya que acumula otras siete causas con sentencia de desalojo y otras que recorren pasillos judiciales, en distintos estamentos judiciales. A pesar del alto nivel de conflictividad que protagoniza la comunidad, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó su respaldo a la comunidad Paichil Antriao y cuestionó los fallos judiciales que ordenan los desalojos. Dijo que estas prácticas “sólo generan más violencia y odio racial”. El referente de derechos humanos también cuestionó al presidente del INAI, Claudio Avruj, por retener documentación pública fundamental, como la Carpeta Técnica, que debe ser entregada de manera urgente a la comunidad. En ese sentido, remarcó que el derecho indígena es constitucional y debe respetarse, independientemente del signo político de los gobiernos.
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