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» Compactonea
Fecha: 16/12/2025 04:39
El gobernador Leandro Zdero promulgó la Ley N° 4197-G, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos que ejerzan cargos políticos o jerárquicos en la provincia del Chaco. La medida abarca a los tres poderes del Estado, organismos constitucionales y autoridades municipales, y apunta a garantizar la ausencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales durante el ejercicio de la función pública. La norma, sancionada por la Cámara de Diputados provincial, dispone la implementación de un sistema de controles periódicos, con una primera evaluación dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley y una renovación anual mientras la persona continúe en funciones. A quiénes alcanza la ley El texto legal define con precisión los cargos alcanzados. En el Poder Ejecutivo, incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de entes autárquicos y descentralizados. En el Poder Legislativo, alcanza al presidente de la Cámara y a los diputados provinciales. En el Poder Judicial, comprende a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general, defensores, jueces, fiscales y asesores de niñas, niños y adolescentes. También se incluyen los organismos constitucionales, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, además de intendentes y concejales de los municipios que adhieran a la norma. Cómo serán los controles Los exámenes toxicológicos deberán realizarse en el Laboratorio Central de la Provincia y en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial, designados como autoridades oficiales obligatorias. El costo del examen estará a cargo de las personas alcanzadas por la ley. En caso de que se detecte la presencia de metabolitos de sustancias psicoactivas ilegales, la normativa establece que cada poder u organismo deberá activar los mecanismos administrativos correspondientes, que pueden incluir la suspensión del ejercicio de la función hasta la recuperación del funcionario, siempre respetando los derechos y garantías constitucionales. La ley también prevé instancias de impugnación, en línea con la legislación procesal vigente, para garantizar el derecho de defensa.
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