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Parana » Informe Digital
Fecha: 15/12/2025 14:09
El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, envió al Congreso de la Nación marca “una nueva era para el empleo en la Argentina”, según un informe de la consultora PxQ, del economista Emanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía durante la gestión ministerial en Nación del hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Es el primer reporte de la consultora elaborado con su propia “herramienta” de Inteligencia Artificial, PxQ Macrobot, que, según la firma, aporta “velocidad y precisión” al análisis económico y financiero y anticipa el formato de los informes del año próximo, abarcando desde regulaciones y cuestiones financieras hasta políticas públicas. El aspecto más notable del informe se refiere al efecto que la propuesta oficial tendría sobre los costos laborales “no salariales” y su repercusión inmediata en los resultados empresariales, en particular sobre las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones. El análisis toma como referencia una empresa mediana, con una nómina salarial mensual de $100 millones. Para ese supuesto, calcula que las contribuciones patronales pasarían de $18 millones a $15 millones mensuales; los aportes a Obras sociales bajarían de $6 millones a $5 millones; la empresa dejaría de constituir previsión por despido por $8,3 millones; pero, a su vez, tendría que destinar $3 millones al “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), hoy inexistente. En conjunto, señala el informe, la empresa se ahorraría $12,33 millones, una reducción de costos laborales “no salariales” del 38% e impacto positivo inmediato sobre sus ganancias. .responsive {width: 100%; height: auto;} Según el informe del “Macro Bot” de PxQ, los tres pilares de la transformación legislativa que propone el gobierno son el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción de cargas fiscales y la seguridad jurídica operativa derivada de la tipificación de bloqueos como causal de despido y del cierre de vías de litigiosidad. Concretamente, explica, el FAL reemplaza el régimen actual de indemnizaciones por una contribución mensual del 3%, compensada por una reducción equivalente del aporte empresario al Sistema Previsional (SIPA), lo que tiene un efecto financiero neutro para la empresa. Las contribuciones del 3% al “Fondo de Asistencia Laboral” serán administradas por entidades privadas supervisadas por la CNV y, al estar compensadas por una reducción también de 3 puntos al SIPA, tendrán para las empresas un costo marginal igual a cero. Además, la eliminación de la obligatoriedad de constituir previsiones por despido abarata el costo laboral empresario y, —dice el informe— al liberar capital mejorará los ratios de solvencia de las empresas. Sin embargo, advierte PxQ, al absorber el Estado el costo del despido futuro mediante la renuncia a los aportes al SIPA “se introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional”. El informe también describe los alivios fiscales por sector, como la reducción de las contribuciones patronales del 20,4 al 17,4% en Comercio y Servicios, de 18 a 15% en Industrias y Pymes y del 6 al 5% de aporte a la Obra Social. También incide la eliminación de impuestos internos (sobre vehículos, telefonía, objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves y seguros), la creación de regímenes de incentivos y la amortización acelerada de inversiones pequeñas, además de limitar a un máximo de 3 meses el plazo de devolución del IVA, un viejo reclamo del sector empresario en general y de los exportadores en particular. La mayor “seguridad jurídica operativa” responde no solo a que el bloqueo de ingreso o salida pase a ser causal de despido, sino también a la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales (debe garantizarse una cobertura mínima del 75%), a la eliminación de multas por “deficiencia registral” y al cierre de vías por las que suele colarse la “industria del juicio”. Cabe consignar además que la cuestión de los aportes con destino sindical fue hasta último momento motivo de tironeo interno en el gobierno, con “halcones” como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la exministra de Seguridad y ahora senadora Patricia Bullrich, que condicionaban el pago de esos aportes a un consentimiento explícito de los trabajadores, y un sector más “político”, partidario de limitar esa restricción. Finalmente, quedó un impedimento: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención, descontar la “cuota solidaria” y enviársela a los gremios. Estos deberán ahora, de sancionarse la ley, buscar mecanismos alternativos de recaudación de esas cuotas, que incluyen la “cuota sindical” voluntaria. Temas Relacionados Reforma laboralCostos no salarialesSeguridad jurídicaContribucionesResultadosBloqueosDespidosEconomía-ArgentinaÚltimas noticias
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