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CABA » Plazademayo
Fecha: 15/12/2025 12:23
Un fallo de la Justicia federal dejó sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo que había condicionado la implementación de la norma y ordenó su cumplimiento pleno en todo el país. La Justicia federal ordenó este viernes la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto transitorio del presidente Javier Milei. De este modo, el fallo puso fin a las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo. La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inválido un artículo clave del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la ley. Un fallo que anula el decreto del Ejecutivo El magistrado consideró inconstitucional el artículo que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. En consecuencia, dejó sin efecto esa limitación. Además, la sentencia ordena la aplicación “inmediata, plena y sin condicionamientos” de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional, lo que representa un revés judicial para el Ejecutivo. Impacto directo en personas con discapacidad y prestadores La medida tiene efectos expansivos sobre personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios. Durante meses, estos sectores padecieron la paralización de prestaciones esenciales. Ahora, con el fallo judicial, se restablece el marco legal que garantiza derechos básicos y la continuidad de políticas públicas vinculadas a la atención y asistencia integral. El recorrido legislativo de la norma Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2025. Posteriormente, el presidente Javier Milei aplicó un veto parcial a la normativa. Sin embargo, el Parlamento insistió con la ley, anuló el veto presidencial y la ratificó, tal como lo prevé la Constitución Nacional. De ese modo, la norma quedó formalmente promulgada. La controversia por el financiamiento Tras la promulgación, el Gobierno nacional condicionó su aplicación al sostener que la ley no especificaba el origen de los recursos necesarios para su financiamiento. Ese argumento dio lugar al decreto ahora invalidado. Finalmente, la Justicia entendió que el Poder Ejecutivo no puede suspender una ley vigente y ordenó su cumplimiento efectivo, reafirmando el rol del Congreso y la vigencia de los derechos sociales.
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