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Parana » AIM Digital
Fecha: 14/12/2025 10:21
El colectivo de Teatristas Autoconvocados de Entre Ríos exige el cumplimiento de la Ley Nacional del Teatro. “Hemos acompañado la nota en la cual se solicita al actual director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT) una reunión en la que pueda comentarnos personalmente cuáles son las perspectivas de su gestión y sus posicionamientos en relación a puntos clave en torno a la aplicación de la ley”, dijo a AIM el integrante del colectivo, Gustavo Bendersky. “Era diciembre del 2023, aún no había asumido el actual poder Ejecutivo, y nuestro sector ya estaba en alerta y estado asambleario, ante las primeras difamaciones y ataques que recibimos de sus funcionarios. Falacias a través de las cuales se quería y se quiere inocular en la población la idea de que estos organismos -creados por ley, auditados permanentemente, horizontales y democráticos en su funcionamiento- en verdad son espacios partidarios, con oscuros mecanismos de corrupción y clientelismo”, señaló Bendersky a esta Agencia. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con la situación actual, contó que, “en 1977, luego de décadas de lucha mancomunada, con la participación de teatristas de diversas generaciones, se logró promulgar una de las pocas leyes que verdaderamente surgió “de las bases”, la 24.800, que declara el acceso a la cultura -y particularmente al teatro- un derecho inalienable de cualquier ciudadano de nuestro país; y al Estado como el garante de que ese derecho se cumpla. A partir de la Ley se crea el Instituto Nacional del Teatro, un organismo que a lo largo de más de 25 años de permanencia ha ido perfeccionándose, enriqueciendo su funcionamiento institucional, democratizando y volviendo cada vez más transparentes sus mecanismos de funcionamiento y, fundamentalmente, ha cambiado radicalmente el panorama del teatro en nuestro país”. Agregó que: “Admirado por el resto de los países latinoamericanos, el INT estableció una serie de apoyos y acompañamientos de los más diversos: apoyo a producción de obras, giras, festivales, becas, capacitaciones, investigaciones y publicaciones. Cada uno de estos apoyos han sido concursables, regidos por reglamentos públicos y abiertos, auditados permanentemente. Cada uno de estos apoyos debe ser rendido tanto a través de memorias tanto técnicas como contables, por supuesto”. Bendersky destacó: “Probablemente lo más importante del Instituto Nacional del Teatro es que se rige por un Consejo de Dirección, que es quien define las políticas teatrales a trabajar, las líneas de acción y los principios rectores del organismo. Este Consejo de Dirección está conformado por representantes de todas las regiones del país, todos en igualdad de condiciones, todos con voz y voto para que la vida y el accionar del INT sea siempre plural, inclusiva y fundamentalmente federal”. “Ya son varias las generaciones que hemos crecido al amparo y bajo el estímulo del Instituto Nacional del Teatro, que modificó sustancialmente y para bien el panorama de las artes escénicas”, remarcó. “Este gobierno nacional ha llegado al poder resuelto a no cumplir con la Ley. Desde su asunción ha utilizado los mecanismos y resortes de la administración pública para impedir el normal funcionamiento de la Institución. Particularmente en este momento nos preocupa la bajísima ejecución del presupuesto de este año, por un lado. Y, por otro lado, la no efectivización de los concursos para Representantes Provinciales y Representantes del Quehacer Teatral que la misma ley estipula. A medida que pasan los meses, este Consejo de Dirección que tan imprescindible resulta para el funcionamiento del INT, comienza a despoblarse y a funcionar de un modo irregular por el tramposo comportamiento del poder Ejecutivo”. Además, explicó Bendersky, “cuando desde la Asamblea Federal enviamos la nota, aún no se habían dado a conocer los detalles de la tan anunciada reforma laboral que quieren llevar adelante. Con el proyecto de ley ya presentado, nuestro reclamo se ve doblemente fundamentado, dado que con las las derogaciones del artículo 195 (los incisos a, b y c del art. 21 y los art. 22 y 23 de la Ley de Cine) reformulan los mecanismos que sustentan el Fondo de Fomento Cinematográfico: se elimina el impuesto del 10 por ciento sobre las entradas de cine, videogramas grabados y los provenientes del Enacom. Por otra parte, el artículo 196 pone el foco en el Título V y el inciso a del artículo 136 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo cual supondría quitar los gravámenes a la televisión, radios y señales cuyo destino son: 25 por ciento al Incaa, 10 por ciento al INT, 20 por ciento a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, 28 por ciento al Enacom, 5 por ciento para funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 10 por ciento para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios y 2 por ciento al Inamu”. Concluyó Bendersky considerando que: “El panorama es de un enorme riesgo para nuestro país y nuestra soberanía. Frente a la decisión política de desfinanciar la cultura nacional, destruir la producción argentina y silenciar la expresión artística de actores, actrices, técnicos, directores, músicas y músicos, atacando la identidad, la cultura y el trabajo argentino, desde nuestro Colectivo decimos no”.
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