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Parana » AIM Digital
Fecha: 14/12/2025 10:18
Referentes provinciales en la defensa del agua contra el Proyecto San Jorge de minería dan sus puntos de vista sobre lo ocurrido los últimos días. A pocos días de la aprobación del Proyecto San Jorge, que promociona la megaminería metalífera en Mendoza y que amenaza con dañar el agua en la provincia -y la salud de la población-- persisten las críticas contra la medida sancionada y afloran las reflexiones sobre la repercusión que tendrá esta decisión. El proyecto que apuesta a favorecer a la Minera San Jorge en contra de los intereses de la sociedad local, reunió una marcha nutrida desde varias regiones mendocinas que se encontraron ante el congreso provincial en Mendoza capital. Sin embargo, los legisladores hicieron oídos sordos al reclamo y dieron su visto bueno con 29 votos a favor, cinco en contra del kirchnerismo y una abstención. Además, el proceso fue acompañado por el gobernador radical aliado a Javier Milei, Alfredo Cornejo, y por la represión de las fuerzas de seguridad contra las miles de personas que se manifestaron pacíficamente para sostener su calidad de vida. Los testimonios de la semana Ante este panorama, algunos referentes mendocinos se animaron a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última semana. Es el caso de María Teresa “Guni” Cañas, referenta de la lucha por el agua en asambleas a nivel provincial y local en Luján de Cuyo, que dialogó con Página/12. Tras la votación de los legisladores, Guni señaló que la vieron “con mucha rabia, mucha tristeza y mucha organización. El gobierno nos ha observado y ha aprendido cosas del 2019, pero no tiene licencia social. Hay mucha bronca en la gente. Vayas a donde vayas el tema del agua está, no es una cuestión de indiferencia. Los legisladores podían hacer otra cosa, pero forman parte de la estructura de poder que quiere imponer la megaminería”. Del mismo modo calificó a Cornejo como el poseedor de “la suma del poder público en Mendoza”. “Tiene el Ejecutivo, tiene mayoría en la Legislatura, mayoría automática, su largo brazo llega a lo judicial, a los entes autárquicos, a la Universidad Nacional de Cuyo comandada por el radicalismo, (al que responden la rectora y el vicerrector), al Tribunal de Cuentas. Tiene a los entes autárquicos de Mendoza como irrigación que son muy importantes, porque son los que manejan el agua de Mendoza”, expresó Guni. Y destacó que en los últimos gobiernos radicales de la provincia se gestó Impulsa Mendoza, una empresa estatal de megaminería sostenida con los impuestos de sus coprovincianos que rechazan estas medidas. La violencia presente La referenta de las asambleas por el agua criticó el accionar policial represivo de las últimas jornadas. “La criminalización de la protesta es intrínseca del extractivismo, los proyectos extractivos entran con imposición. En Mendoza hemos tenido una escalada este año, empezamos en Uspallata con compañeros que fueron judicializados injustamente y la persona que los golpeó, de la patota de la Uocra, nunca ha sido investigada. En 2019 también hubo represión y todavía es algo que no ha tenido justicia. Las personas en el poder, y esta ultraderecha que nos está gobernando, se sienten impunes. Tiene también un sentido de desanimar a la gente que participa en lo que está sucediendo en Mendoza”. Guni reveló que a quienes se pronuncian en favor del agua pura, algunos medios locales los llaman despectivamente “antimineros” y los tildan de violentos para desanimarlos. “Pero no lo están logrando -advierte la referenta-, si no que enfervorizan al pueblo”. Sin embargo, expuso sus argumentos en contra de la minería, basándose en casos como los derrames de Jáchal en la vecina San Juan. Así mencionó las explosiones de arsénico liberadas al viento y al agua, que pueden terminar con casos de arsenicosis (cuyos síntomas incluyen problemas gastrointestinales, respiratorios y daños hepáticos y renales), el hipoclorito de sodio presente en el agua y la liberación de metales pesados. En contraposición a un desprolijo informe de impacto ambiental que era parte del proyecto, Guni valoró el aporte de los científicos de la UNCuyo que“reafirmaron que efectivamente este proyecto está en la Cuenca del Río Mendoza", afectando “las cuestiones sociales, las cuestiones arqueológicas y paleontológicas. Han destacado un cúmulo de cosas que no han podido ser respondidas”. “Después fue muy importante lo del Conicet. La noche anterior a la votación de diputados, el Conicet en su página oficial hizo un resumen contando todos los impactos sobre lo hídrico, sobre los ecosistemas, sobre lo social. Largaron un comunicado y a la mañana siguiente lo bajaron. Se sabe que fue (orden de) la vicegobernadora”, dijo apuntando a Hebe Silvina Casado. Guni recordó que en 2011 hubo un freno social que sí repercutió en el congreso mendocino para rechazar una avanzada política con proyectos mineros. En la comparación, consideró que “en estos 14 años siguió andando el neoliberalismo, más en la época actual que Milei directamente es un negacionista de las cuestiones climáticas y lo único que lo guía es el signo pesos. En ese momento sí había una escucha de la clase política”. Problema local, antecedentes mundiales Otro referente que dio su punto de vista a Página/12 fue Marcelo Giraud. El integrante de la Asamblea Popular por el Agua consideró que el principal riesgo “tiene que ver con la posibilidad de contaminar el acuífero de Uspallata y por lo tanto el agua del río Mendoza, el más importante desde el punto de vista de consumo de agua potable para el Oásis norte, el mayor agroindustrial de la provincia. Se contaminaría el agua del acuífero y por lo tanto del río Mendoza con metales pesados, con toda la enorme gama de consecuencias que distintos metales pesados pueden traer este sobre la salud”. Giraud también aseguró que los peligros mayores serán sobre el agua de toda la provincia, pero que en el Valle de Uspallata la contaminación también fluirá por el aire. Entre los antecedentes de minería nociva para el ambiente y la salud, el referente popular remarcó el del “yacimiento de Sierra Pintada en San Rafael. Fue durante el gobierno de Carlos Menem que se ordenó el fin de la explotación del uranio. Se dejó de explotar, pero sin realizar los trabajos de remediación que al día de hoy están pendientes. Es decir, hay una enorme cantidad de pasivos ambientales de esa explotación que afecta al ambiente del sur mendocino”. Algo similar ocurrió en Mina Huemul, una mina de uranio en Malargüe en la década del 70, “donde se hizo una remediación no del todo confiable de las colas de uranio que habían quedado depositadas allí, a escasa distancia de la localidad urbana”. Sin embargo, Giraud enfatizó que la negativa mendocina no tiene que ver con el historial provincial, si no con los desastres recientes a nivel global como en Mount Polley, Canadá (2014), Brumadinho, Brasil (2015) y San Marco, Brasil (2019). Giraud señaló que aún hay marchas “en Uspallata, en Tunuyán, en San Carlos, en San Rafael, en General Alvear” y coincidió con Guni en que en 2011 “el rechazo legislativo ocurrió porque la legislatura en ese momento sí interpretó mucho más cabalmente la voluntad de una mayoría amplia de la sociedad mendocina”. Sin embargo, considero que tanto ese justicialismo provincial como el radicalismo hoy y en aquel entonces, cambiaron sus posturas por la cercanía con los comicios electorales de la última década y media y por su rol oficialista u opositor.
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