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» Diario Cordoba
Fecha: 13/12/2025 22:10
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dejado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, después de que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamara su ingreso en prisión. No obstante, la representante del Ministerio Fiscal sí ha pedido la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir de territorio español y comparecencias de los tres investigados cada 15 días ante un juzgado, unas medidas que ha acordado el magistrado, que mantiene el secreto de la causa. El procedimiento ha sido impulsado por la Fiscalía Anticorrupción y en él se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. MADRID (ESPAÑA), 13/12/2025.- La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional / FERNANDO VILLAR / EFE El instructor toma la decisión de dejar libre a Leire Díez "pese a los numerosos indicios existentes en las actuaciones y la gravedad de los hechos que se imputan a la investigada", según especifica el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se resalta el arraigo de la considerada como "fontanera" del PSOE. De esta forma, el magistrado rechaza que la exmilitante socialista pueda destruir pruebas "dadas las aportaciones realizadas en la propia denuncia y documentación anexa" por parte de la Fiscalía Anticorrupción. De los tres detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el único que ha prestado declaración ante el juez Piña ha sido el expresidente de la SEPI, que ha negado que los fondos que habría percibido de la mercantil Servinabar 2000 fueran comisiones de contratos en 2021 y 2022 amañados. El expresidente de la SEPI aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Cerdán-Ábalos' sobre la información tributaria de Servinabar 2000, la empresa que la UCO atribuye a Santos Cerdán y a Antxon Alonso. En esos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022, informa Europa Press. No conoce los hechos Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO explican que la calificada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE" se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional porque desconoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen. El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional / Diego Radamés / Europa Press La operación de la UCO trata de determinar si el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero formaba parte de una organización criminal que se valía de contratos públicos. En su comparecencia en el Senado, celebrada el 22 de julio de 2025, el senador del PP Francisco Martín Bernabé Pérez cuestionó su fortuna en pisos y en chalés, que valoró en unos 10 millones de euros -incluyendo viviendas de lujo en Madrid, Sevilla y Marbella-, pese a que entre 2017 y 2024 declaró unos ingresos que no superaban en total el millón de euros. El socio empresario de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola (i), a la salida de la Audiencia Nacional / Diego Radamés / Europa Press Entre los registros realizados durante la operación policial destaca el del bar La Bola de La Cartuja. El administrador de la empresa que rige el establecimiento hostelero y desde hace unos años es el propio Vicente Fernández Guerrero. Se trata de un negocio con una amplia terraza que se dedica a los desayunos y a las comidas, entre las que tiene menú del día o distintos platos. Los investigadores tratan de determinar si los ingresos de este establecimiento podrían estar relacionados con las supuestas comisiones percibidas, una acusación que ha rechazado el expresidente de la SEPI. Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto hace unos meses.
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