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Fecha: 13/12/2025 01:19
En la Casa Rosada afirman que el proyecto de reforma laboral “no afecta bajo ningún punto de vista las jubilaciones ni el sistema previsional”. A su vez, funcionarios que trabajaron en la elaboración de la iniciativa niegan que “la baja de las contribuciones patronales” vaya a poner “en riesgo el sistema de salud”. En la cúpula del Gobierno afirman que la merma se financiará con los ingresos del fisco generados por la reducción del gasto público. El razonamiento es que la “motosierra” en el Estado permite un ahorro presupuestario mensual y, en paralelo, apuestan a un aumento de la recaudación por un eventual crecimiento de la economía. “A diferencia del kirchnerismo que aumentaba el gasto cuando había mayor recaudación, el gobierno nacional va a bajar impuestos cuando aumente la recaudación”, señalan en la administración nacional. Sin embargo, en el gobierno de Milei evitan dar estimaciones respecto de cuál sería el costo fiscal del nuevo régimen de indemnizaciones. Según datos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la transferencia del 3% de los aportes patronales para nutrir al Fondo de Asistencia Laboral “equivale a una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones con destino al sistema previsional”. Y estiman que la medida tendrá un costo fiscal de 2.500 millones de dólares por año. Una estimación similar proyecta Manuel Mera, director de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para quien la caída representa un 0.4 del PBI. Eso representa unos 2.532 millones de dólares en relación con el PBI del año pasado. Además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impuso restricciones al cobro de los aportes solidarios, que se pactan en los convenios colectivos de trabajo, o de la cuota de afiliación [entre 1 y 3,5% del sueldo]. En este último caso, las empresas no podrán ser un agente de retención “sin el consentimiento explícito del trabajador”. Es decir, el empleador no estará obligado a retener ese aporte del recibo de sueldo, derivando el dinero directamente al sindicato, y solo podrá hacerlo en caso de que el empleado lo solicite o acepte de manera formal. Al hacer más burocrático el proceso, impactará en las finanzas sindicales según los especialistas en derecho laboral. Uno de los puntos más discutidos de la reforma laboral de Milei es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que el Gobierno apunta a “favorecer el pago de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado”.
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