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» El vigia
Fecha: 12/12/2025 20:09
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral, una iniciativa que propone una transformación integral del sistema de relaciones laborales en Argentina, con modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos, el régimen sindical y los mecanismos de contratación y despido. El texto señala como objetivo central “modernizar y simplificar” el régimen laboral para reducir litigiosidad, promover inversiones y facilitar la creación de empleo formal. Para ello, plantea un conjunto de reformas estructurales que redefinen derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Uno de los cambios más significativos es la redefinición del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, que deja de incluir a trabajadores independientes, colaboradores y a quienes prestan servicios para plataformas digitales. En este último caso, el Gobierno crea un régimen específico que los reconoce como “prestadores independientes”, sin relación laboral. El proyecto también elimina herramientas interpretativas históricas, como la “justicia social”, y limita la aplicación de la “norma más favorable al trabajador”. En materia de negociación y conflicto laboral, habilita que los acuerdos conciliatorios homologados tengan fuerza de cosa juzgada y elimina la aplicación analógica de convenios. Las reglas indemnizatorias también cambian: se mantiene el esquema de un mes por año de antigüedad, pero se redefine con precisión qué conceptos integran la remuneración, excluyendo pagos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios esporádicos. El Gobierno impulsa además la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, una herramienta financiada por aportes patronales destinada a cubrir indemnizaciones y que otorga a las empresas una reducción de alícuotas. El capítulo sindical incluye restricciones a la realización de asambleas —que deberán contar con autorización del empleador—, la reducción del tiempo disponible para delegados, límites a la tutela sindical y sanciones más severas para medidas como bloqueos de establecimientos. Asimismo, se habilita una vía más ágil para la creación de sindicatos de empresa. En cuanto a los convenios colectivos, la iniciativa elimina la ultraactividad, establece que los convenios de ámbito menor prevalecen por sobre los de ámbito mayor y permite suspender cláusulas si se demuestra que generan distorsiones económicas graves. El proyecto incluye además un régimen de incentivo al nuevo empleo, con contribuciones patronales reducidas durante cuatro años para trabajadores que no registraban empleo previo, así como un programa de regularización que condona deudas y sanciones por relaciones no registradas. También incorpora beneficios fiscales para nuevas inversiones y una rebaja general de contribuciones para el empleo ya registrado. La reforma alcanza incluso al régimen de casas particulares, extendiendo el período de prueba a seis meses y exigiendo recibo electrónico, y modifica aspectos del sistema de riesgos del trabajo mediante la unificación de criterios de incapacidad. La iniciativa será debatida en el Congreso y promete tensiones con los sindicatos y sectores opositores, que ya adelantaron rechazos a varios de sus puntos. Por ejemplo, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, adelantó que el sindicalismo rechazará el proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso de la Nación e informó que la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá hoy para definir los pasos a seguir. Para el Gobierno, en cambio, esta ley es un pilar del programa de desregulación económica y un cambio indispensable para reactivar el empleo privado formal.
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