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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 12/12/2025 12:15
El juicio por la causa de los cuadernos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 la lectura del requerimiento de elevación a juicio del capítulo denominado “La Camarita”, en la que será la novena audiencia del proceso. Esta etapa se centra en la presentación integral del material probatorio reunido durante la investigación, que abarca documentación proveniente de organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas, considerada la base de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos vinculados a la obra pública. El tramo “La Camarita” recibe su nombre por su relación con la Cámara Argentina de Empresas Viales, espacio donde la fiscalía afirma que funcionó un sistema de cartelización de contratos viales durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, distintas compañías del sector acordaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales en un entramado que involucraba a funcionarios y empresarios. La lectura del expediente incluye informes administrativos, órdenes de presentación, registros de allanamientos, auditorías, certificaciones, peritajes tecnológicos, listados societarios, planillas de obra pública y documentación de inteligencia financiera. Parte sustancial de ese volumen corresponde al análisis de más de 70 empresas constructoras que participaron en licitaciones entre 2003 y 2015, entre ellas Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Dycasa y Panedile. El material también incorpora actas y sumarios de la Policía Federal, que ejecutó allanamientos en domicilios particulares, oficinas y sedes corporativas, con secuestro de teléfonos y computadoras cuyos contenidos fueron peritados por la División Apoyo Tecnológico Judicial. A esto se añaden los informes enviados por la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, ministerios nacionales y organismos como la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. Una vez concluida la lectura del cuerpo probatorio, el Tribunal Oral Federal 7 evaluará avanzar con los descargos de los imputados formulados durante la instrucción. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en su momento un escrito en el que rechazó las acusaciones, las vinculó a una operación de persecución política y cuestionó la solidez del expediente. De manera similar, el exministro de Planificación Julio De Vido negó su participación en una asociación ilícita y desacreditó los testimonios de los arrepentidos que lo involucraron. El tribunal también deberá revisar los descargos del exsecretario de Obras Públicas José López, del financista Ernesto Clarens, del exadministrador de Vialidad Nelson Periotti, de funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como de empresarios investigados. El juicio ingresa en la última etapa del año con cinco audiencias antes de la feria judicial. El 30 de diciembre se hará un cuarto intermedio hasta febrero, mes en el cual comenzarán las indagatorias presenciales. Para esa instancia aún se está definiendo el espacio físico: el Tribunal solicitó a la Corte Suprema habilitar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Tribunales y, como alternativa, evalúa el uso de la Sala AMIA de Comodoro Py, que continúa en refacciones. A partir de 2026, el TOF 7 prevé aumentar la frecuencia de audiencias a tres por semana para imprimir mayor ritmo al debate, que todavía tiene por delante una extensa etapa de declaraciones testimoniales, dado que fueron aceptadas 630 personas para declarar. Según estiman fuentes judiciales, si al menos la mitad de los imputados amplía su indagatoria, la duración del juicio podría prolongarse de manera considerable.
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