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CABA » Plazademayo
Fecha: 10/12/2025 12:45
El Senado mendocino aprobó la explotación de cobre del Proyecto San Jorge pese a una masiva movilización que recorrió más de 100 kilómetros para defender el agua de la provincia. Activistas e instituciones cuestionan el estudio de impacto ambiental y denuncian persecución a quienes se oponen a la megaminería. El Senado de Mendoza aprobó la reactivación del Proyecto Minero San Jorge, habilitando la explotación de cobre en la cordillera. La decisión se tomó con 29 votos a favor, una abstención y apenas seis votos en contra, pese a una masiva movilización que llegó desde distintos puntos de la provincia. La marcha principal recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital, acompañada por columnas provenientes del Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. La protesta expresó un rechazo transversal a la minería metalífera en una provincia donde el agua es un bien escaso. Sin embargo, las autoridades avanzaron con la iniciativa impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado político de Javier Milei. Para el activista Daniel Funes, referente provincial de la lucha por el agua, la aprobación revela una democracia “enferma”. La declaración forma parte de una entrevista publicada por Página/12, donde expresó que la decisión legislativa desconoce la voluntad popular. Un debate atravesado por la defensa del agua Las organizaciones ambientalistas sostienen que la megaminería pone en riesgo el agua de más de 1.400.000 personas. Frente a este argumento, el Senado decidió avanzar igual. La ministra de Energía provincial, Jimena Latorre, afirmó que la aprobación “no representa un cheque en blanco”. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por la falta de garantías ambientales. A pesar de la tristeza por la aprobación, Funes destacó que la multitudinaria manifestación demostró que “el agua es el único tema capaz de romper la polarización” en Mendoza. Según explicó, la sociedad carga con años de estigmatización hacia la protesta social, lo que vuelve aún más significativo el nivel de convocatoria alcanzado. Antecedentes de represión y estigmatización El conflicto minero en Mendoza no es nuevo. En octubre del año pasado, dos manifestantes fueron encarcelados por más de 50 horas sin precisión de cargos. Los videos registrados por la propia policía provincial mostraron detenciones violentas y el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Estos episodios fortalecieron la percepción de que el Gobierno provincial promueve un clima de criminalización contra quienes se organizan en defensa del ambiente. Según Funes, esta estrategia incluye campañas de estigmatización y persecución judicial para fabricar una supuesta “licencia social” que permita avanzar con la minería, a pesar de la resistencia ciudadana. Cuestionamientos al Impacto Ambiental y a las promesas económicas Otro eje central de las críticas es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que respalda el proyecto. Instituciones como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo y organizaciones religiosas señalaron que el informe es “desprolijo”, carece de fundamentos técnicos suficientes y no permite una evaluación seria de los riesgos. La Universidad de Cuyo advirtió además que el proceso minero prevé el uso de sustancias altamente tóxicas que podrían dispersarse por viento o agua, contaminando ríos y poniendo en riesgo la salud de la población. Funes también desmintió la promesa empresarial de generar “5.000 puestos de trabajo”. El propio EIA calcula solo 1.200 empleos en la etapa de construcción y cerca de 500 en la explotación. Mendoza y un pasado minero que deja cicatrices Las autoridades insisten en que la provincia no tiene antecedentes de minería metalífera. Sin embargo, la mina de uranio Sierra Pintada, hoy cerrada, dejó pasivos ambientales graves. La Corte Suprema dictaminó que su reactivación no es posible debido a los daños acumulados. Para Funes, este antecedente demuestra que Mendoza “tiene una tristísima experiencia sobre cómo la minería metalífera destruye todo”. Aunque el oficialismo defiende el proyecto como una oportunidad económica, las asambleas y comunidades recuerdan que el costo ambiental y social puede ser irreversible.
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