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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 10/12/2025 06:40
Una imagen de la milla 201 durante un vuelo de control de la Prefectura Naval Argentina La flota pesquera china en la denominada milla 201, justo en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), genera inquietud en cada temporada, que suele comenzar entre noviembre y diciembre y se extiende hasta abril o mayo del año siguiente. La intensa actividad –asociada a prácticas de pesca ilegal- pone en tensión la gobernanza pesquera por la magnitud de las capturas, en particular de especies migratorias como el calamar illex argentinus y la pota, recursos clave para el ecosistema del Atlántico Sur. Estos excesos pesqueros representan un daño sensible a la biodiversidad marina, al extraer enormes volúmenes de especies sin ningún tipo de regulación ecológica, además de exponer los retos de vigilancia de Argentina en un área estratégica y disputada. El Environmental Justice Foundation (EJF), en un informe titulado “Bright Lights, Dim Prospects”, destaca que en la última década alrededor de 400 buques poteros faenan anualmente en la milla 201, de los cuales el 80%, con bandera china, fueron responsables del 91% de las capturas. Dado que la pesca que realizan los buques chinos no es autónoma ni enteramente privada, la responsabilidad del Estado de bandera es central en las conductas ilegales o abusivas de su flota de altura, incluyendo concentraciones masivas de barcos, apagado del sistema AIS y episodios de ingreso ilegal en la ZEE. En particular, al contar la flota con licencias emitida por el Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, donde se especifican con precisión las áreas autorizadas de pesca. El sistema de supervisión de los buques de pesca chinos incluye a los gobiernos provinciales, donde están registradas las principales empresas pesqueras, sean públicas o privadas (Zhejianj, Shandong o Fujian). La relación con el aparato de defensa de China añade una complejidad adicional. Los planes de contingencia prevén que los barcos de pesca conforman la milicia marítima, una fuerza paramilitar compuesta por pescadores, embarcaciones civiles y unidades auxiliares. Esta estructura convierte a la flota pesquera en un brazo del gobierno, al ser altamente dependiente de permisos estatales, además de beneficiaria de información satelital para mejor aprovechar los principales caladeros y orientar a la flota hacia las zonas más productivas. Según Overseas Development Institute (ODI), este esquema administrativo se amplía con la tendencia de China de operar con banderas de conveniencia o estructuras societarias opacas que ocultan la titularidad real de las empresas pesqueras. Estos mecanismos hacen difícil identificar con certeza si los buques pesqueros pertenecen a empresas estatales como la China National Fisheries Corporation (CNFC), compañías mixtas o privadas. Diversos informes señalan que la CNFC posee barcos que faenan regularmente en la milla 201 (de hecho, algunos fueron capturados por la Prefectura Naval Argentina). Estos datos subrayan que para China la pesca en aguas distantes no es simplemente una actividad económica dispersa, sino que integra un engranaje estratégico que combina subsidios, capacidad industrial, presencia internacional y posibilidades de influencia económica y política. En ese marco, el accionar de la flota pesquera debería ser un punto prioritario de la agenda diplomática bilateral, ya que la responsabilidad de China no se limita a las incursiones ilegales dentro de la ZEE, sino que también alcanza a los recursos transfronterizos y migratorios. La falta adecuada de control de China de sus buques pesqueros en el Atlántico Sur contribuye a la sobreexplotación de recursos y al riesgo elevado de colapso de stocks que son clave para la economía pesquera argentina. Estas graves circunstancias explican por qué la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que cuando una flota extranjera opera de forma intensiva sobre recursos migratorios en el borde de una ZEE -como ocurren en la milla 201-, el Estado de bandera debe garantizar control continuo sobre sus barcos, sanciones ante pesca ilegal, transparencias en licencias, capturas y transbordos. Sobre esta base, el acento diplomático entre Buenos Aires y Beijing debería girar, como mínimo, en la trazabilidad y sostenibilidad en alta mar, donde la ilegalidad y la falta de gobernanza son los principales desafíos.
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