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  • A diez años de una experiencia clave en Derechos Humanos en Concordia. Por Analía Coullet

    Concordia » 7paginas

    Fecha: 10/12/2025 03:05

    Tras los crímenes perpetrados por el fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comprendió la necesidad de crear un organismo supranacional que garantizara derechos básicos a los pueblos. Así nació la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la libertad de pensamiento y expresión, la participación política, la salud, el trabajo, el descanso y la educación. Argentina adhirió a esa declaración e impulsó, junto a las provincias, la creación de organismos específicos para su cumplimiento. Entre Ríos no fue la excepción, y Concordia contó con una Dirección de Derechos Humanos que funcionó como brazo territorial de esa política pública. Coullet recordó que el equipo de la Delegación Concordia estaba integrado por solo cinco personas, bajo la conducción de Rubén Bonelli, y que la institución funcionó sin presupuesto propio, sostenida exclusivamente por el compromiso de sus integrantes. Desde allí se intervino en contextos de extrema vulnerabilidad social, sobre todo en los barrios más postergados, la Sala de Salud Mental del hospital Felipe Heras y la Unidad Penal N° 3. Uno de los hechos que marcó un punto de inflexión fue la represión a trabajadores del arándano en la Plaza 25 de Mayo, en 2008, cuando reclamaban mejoras salariales y el pago de la interzafra. A partir de esa intervención, la delegación profundizó su presencia territorial y comenzó un intenso trabajo de formación, capacitación y abordaje comunitario. Entre 2008 y 2011 se desarrollaron jornadas interinstitucionales de Derechos Humanos, capacitaciones sobre trata de personas, violencia intrafamiliar, género, menores extraviados y derechos de identidad. Solo en 2010 se atendieron más de 30 denuncias ante el INADI por discriminación, 27 denuncias por maltratos y acoso, 43 gestiones por traslados y pasajes por razones de salud, además de casos de apremios ilegales, problemas habitacionales, traslados compulsivos y acompañamiento a ex presos políticos. Durante 2011, el informe oficial da cuenta de 85 casos de violencia familiar, 43 situaciones de explotación laboral, 31 denuncias por traslados compulsivos en ámbitos de trabajo, 18 casos de discriminación en boliches, 11 por abusos de autoridad, 10 denuncias por desaparición de menores, además de intervenciones por abuso sexual, antisemitismo, trata de personas, reclamos de internos de la Unidad Penal, adicciones y derecho a la identidad, entre muchas otras problemáticas. Uno de los hitos más destacados fue el trabajo en la Unidad Penal N° 3, donde desde 2012 se creó un espacio de educación informal con talleres, capacitaciones y seminarios. Ese proceso culminó con un hecho histórico: por primera vez en su historia, la cárcel abrió sus puertas a una muestra de arte, que derivó en la participación en la Feria Nacional de Ciencias en Posadas, donde el proyecto “Arte, Identidad y Subjetividad” obtuvo el segundo premio al mérito en contextos de encierro. Analía Coullet subrayó que aquel trabajo no se midió por la cantidad de casos resueltos, sino por la calidad humana de cada intervención. “La Delegación se convirtió muchas veces en el único recurso para viabilizar denuncias donde la Justicia no llegaba. Fue una labor silenciosa, colectiva y profundamente comprometida”, expresó. La ex operadora en Psicología Social, actualmente radicada en Brasil, afirmó que la desaparición de estos organismos a nivel local no es el eje de su reflexión, sino la necesidad de revalorizar la importancia del Estado como garante de derechos. “Hoy más que nunca es urgente resignificar nuestras prácticas cotidianas, empatizar, ajustarnos al derecho y reaprender a caminar juntos, incluso con los pies descalzos”, sostuvo. En un contexto mundial marcado por retrocesos, desigualdades y nuevas vulneraciones, Coullet concluyó que la experiencia vivida entre 2008 y 2015 en Concordia demuestra que es posible construir una sociedad más justa cuando hay compromiso, convicción y un Estado dispuesto a no mirar hacia otro lado.

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