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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 10/12/2025 02:49
A horas de que se reúna la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para analizar el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina, ANÁLISIS repasó el trámite de un proceso similar y con causales parecidas que se llevó a cabo en 2016 y que terminó con la renuncia del entonces miembro de la Sala Penal del alto cuerpo, Carlos Chiara Díaz. El 14 de noviembre de 2016 se presentó una denuncia contra Chiara Díaz en la que se reseñó una situación que era conocida en Tribunales: el magistrado faltaba a su trabajo varios días a la semana porque ejercía como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y otras casas de estudios ubicadas fuera de la provincia. Y para hacerlo viajaba con viáticos, pasajes aéreos, vehículos y choferes costeados por el Poder Judicial entrerriano. El firmante fue el abogado Carlos Guillermo Reggiardo. La Comisión de Juicio Político, encabezada por Diego Lara, hoy presidente del Tribunal de Cuentas, dio curso al trámite con las firmas de la totalidad de los miembros. La integraban los peronistas Juan José Bahillo, Rosario Romero, Ángel Vázquez, Gustavo Guzmán, Pedro Báez, Marcelo Bisogni y Juan Navarro; y los de Cambiemos Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor. Gobernaba Gustavo Bordet y Sergio Urribarri era presidente de la Cámara de Diputados. Comenzó entonces un trabajo de investigación que se desarrolló a lo largo de los 30 días que marca la Constitución y se constató que el magistrado había faltado a trabajar 948 días en diez años. Bahillo y Lena, los nombres que se repiten en la Comisión de Juicio Político de antes y de ahora. El 1 de diciembre de 2016, Chiara Díaz fue convocado y expuso durante 40 minutos con un estilo confrontativo, que incluyó burlas y críticas a los miembros de la comisión y acusaciones contra sus pares del alto cuerpo, apuntando especialmente contra la entonces presidenta, Claudia Mizawak. “Todos hacen lo mismo”, argumentó. “Yo estoy limpito y no sé si los otros pueden decir lo mismo. No me investiguen a mí solo porque me están agarrando como cabeza de turco”, aseveró, según consta en las versiones taquigráficas de la época. Chiara Díaz presentó también un descargo por escrito en el que argumentó que la docencia y la magistratura no eran actividades incompatibles, en tanto no se afectara la actividad como juez, e insistió en que tenía su despacho al día. La comisión encontró en la conducta del magistrado “un patrón común que se repite sistemáticamente a lo largo de los últimos 10 años en el que el juez, al momento de solicitar autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, licencias, viáticos y pasajes, omitió deliberadamente informarle al STJ los verdaderos motivos de sus ausencias, invocando cuestiones vinculadas a la vocalía o razones que eran encuadradas dentro del reglamento, siendo que en la realidad tales ausencias lo eran solo en función de dictar clases, actividad que hacía en forma remunerada sin informar tampoco tal circunstancia a sus superiores o bien otras actividades estrictamente particulares”. También marcaron “innumerables oportunidades en las que el magistrado percibió, por el mismo día y por idéntico traslado, contribuciones económicas en concepto de viáticos que fueron abonados por el Poder Judicial de Entre Ríos en simultáneo con distintas casas de altos estudios”. La comisión señaló los “niveles de ausentismo en extremos que no se condicen con las altas responsabilidades que la Constitución pone en cabeza de los miembros del STJ” y consideró que “esta situación conlleva inexorablemente a un retardo en la prestación del servicio de justicia” “La desaprensión constante que la actitud del juez Chiara Díaz demuestra respecto de las funciones que la Constitución provincial le encomienda a los miembros del STJ denota umbrales de dedicación mínimos inaceptables para continuar ejerciendo el poder jurisdiccional que tienen los magistrados”, indicaron los diputados, al tiempo que consideraron que las conductas revestían suficiente entidad para configurar la causal de mal desempeño. Por unanimidad, en una sesión realizada el 13 de diciembre de 2016, el cuerpo decidió promover el juicio político, suspender a Chiara Díaz en sus funciones y acusarlo ante el Senado, para lo cual se conformó una comisión de cinco miembros para que alegaran ante la cámara baja: Bahillo, Lara, Viola, Monge y Ricardo Troncoso. Por unanimidad la Cámara de Diputados suspendió al vocal y decidió acusarlo ante el Senado. El trámite pasó al Senado, que llegó a constituirse en Corte de Justicia presidida por el paceño Aldo Ballestena, pero en febrero de 2017 llegó la noticia de la renuncia del vocal y se dio por finalizado el proceso. Meses después, Chiara Díaz se acogió a la jubilación.
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