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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 09/12/2025 15:14
El juicio por los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno continúa hoy martes, transmitido por el canal de YouTube del Poder Judicial. En su octava audiencia, tal como anunció el juez Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal Oral Federal N°7, el proceso se centrará en la lectura de la causa 13816/2018, un expediente paralelo al principal, centrado en la cartelización de la obra pública, conocido en los tribunales de Comodoro Py como el caso de “la Camarita”. El caso, investigado por el fiscal Stornelli, se centró el vínculo en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con imputados clave como el financista Ernest Clarens, el empresario Carlos Wagner -el único empresario acusado de ser parte de la asociación ilícita supuestamente liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido para la recepción de coimas- y José Francisco López, el hombre de los bolsos, ex secretario de Obra Pública, hoy preso en Ezeiza. La acusación, de 420 páginas de largo, es sumamente reveladora. Aquí, más que en cualquier otro punto de la larga trama de los cuadernos, queda en evidencia la promiscuidad entre poder político y poder empresarial. Los propios acusados lo reconocieron: Clarens, Wagner y López declararon como arrepentidos en la causa. En esta parte del caso, con 52 imputados en la lista, CFK deberá responder por 175 hechos de coimas. De Vido es otro acusado, junto con empresarios como Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra y Gerardo Cartellone. Juan Chediack, otro de los principales empresarios imputados, murió en un accidente de avión en San Luis a mediados de 2023. Ernesto Clarens en la audiencia del juicio por los cuadernos La confesión de Ernesto Clarens En su confesión, Ernesto Clarens -hoy un jubilado asistido por el PAMI, que intentó cerrar la causa en su contra con un departamento y un yate en Miami, y cuya cara se vio hoy por primera vez en la transmisión de YouTube- afirmó: “A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Guillermo Enrique WAGNER, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como ‘la Camarita’... y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José LÓPEZ, o quien éste me indique”. “Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300 mil dólares por cada entrega y con frecuencia semanal. Al principio eran montos grandes, luego fue bajando porque a las empresas les costaba juntar el dinero, eran rehenes del sistema, porque Vialidad no les pagaba los certificados”, siguió Clarens. “La Camarita”, explicó el financista, “mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas Mariano Galpern, director de litigios penales de la UIF, y Paul Starc, titular del organismo El jueves pasado, tras la maratónica lectura de la acusación principal del caso -el pedido de elevación a juicio del expediente central, realizado por el fiscal Stornelli en 2019, con de más de 227 mil palabras- los cuatro secretarios letrados del Tribunal Oral Federal N°7 seguirán con la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del fiscal Paul Starc, representada en el proceso por Mariano Galpern, director de litigios penales del organismo. El planteo de la UIF se dividió en dos partes, presentadas entre julio y agosto de 2019. La primera -en la que se consideró a Cristina Fernández de Kirchner como “la jefa de la asociación ilícita”- tiene una extensión de más de 170 páginas. La acusación de la UIF apuntó a los pagos realizados por los empresarios del caso como Ángelo Calcaterra y Benito Roggio y a las contradicciones en sus relatos. Los empresarios se consideraron víctimas de las presuntas extorsiones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y su secretario Roberto Baratta. Para la UIF, estos empresarios deberían haber denunciado aquellas extorsiones en vez de abonar para obtener obvios beneficios. “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”, aseveraba Starc a Infobae semanas atrás.
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