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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 09/12/2025 04:10
Gustavo Rivas, condenado a 23 años de prisión por promoción de la prostitución y corrupción de menores, solicitó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se revise su sentencia. Crédito: Mauricio Ríos para R2820. Su defensa se basó en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró prescriptos los delitos del sacerdote Justo José Ilarraz y ordenó su sobreseimiento. La defensa de Rivas argumenta que, de la misma manera, los hechos por los que fue condenado deberían considerarse prescriptos. Sin embargo, el Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, rechazó categóricamente la solicitud en un escrito presentado el 7 de diciembre. Sus principales argumentos: La defensa aceptó la condena: Rivas y su defensa no apelaron ante la Corte Suprema cuando se revocaron las absoluciones ni cuando se confirmó la nueva condena. Al no recurrir en su momento, aceptaron la justicia de la sentencia. El fallo Ilarraz no es aplicable: García expresó su profundo desacuerdo con la decisión sobre Ilarraz, calificándola de incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina suscribe desde 1994. Señaló que este fallo solo es válido para ese caso específico y no debe servir como precedente. Protección especial a la niñez: El Procurador enfatizó que los delitos de abuso sexual contra menores están protegidos por convenciones internacionales de derechos humanos y no pueden prescribir como delitos comunes. No hay nueva evidencia: No existe ningún hecho nuevo que justifique reabrir un caso ya juzgado y consentido por la defensa. Antecedentes del caso En el invierno de 2017, el caso del abogado Gustavo Rivas, figura influyente de la política y sociedad de Gualeguaychú, toma notoriedad pública tras una investigación periodística. Dos años más tarde, en 2019, durante el primer juicio en Gualeguaychú, el acusado fue condenado a 8 años de cárcel que un breve tiempo lo tuvo preso en la Unidad Penal 9 "El Potrero" y el resto del tiempo cumplió con prisión domiciliaria. La Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia ratificaron la condena y ordenaron un nuevo juicio por otros siete casos no prescriptos, que fueron no considerados en primera instancia. En 2022, un segundo tribunal lo encuentra culpable de todos los hechos y lo condena a 23 años de prisión efectiva. Próximos pasos El Superior Tribunal de Justicia deberá decidir si admite o rechaza el pedido de revisión. Por ahora, la condena de 23 años continúa firme y la cumple en su casa de Mitre 7, en pleno centro de la ciudad. García solicitó que se declare inadmisible la revisión, considerando que aceptarla sería una "claudicación moral" y una contradicción jurídica. Fuente: R2820/Análisis
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