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» SL24
Fecha: 09/12/2025 01:59
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp La nueva licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) incorpora uno de los cambios más fuertes desde que comenzó a debatirse el futuro del sistema: la prohibición explícita de que se presenten UTEs, una figura histórica en la hidrovía que hoy mismo integra la concesionaria vigente, formada por Emepa y Jan de Nul. El texto de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) configura un filtro jurídico, financiero, geopolítico y técnico que prácticamente define el perfil del futuro operador: un privado internacional de gran escala, altamente capitalizado, con flota propia moderna, libre de vínculos estatales y con antecedentes éticos irreprochables. La Hidrovía, eje por donde se mueve el 80% del comercio exterior argentino, entra así en un proceso de selección que reduce drásticamente la cantidad de oferentes posibles. Quiénes pueden competir y bajo qué figura El pliego establece que solo pueden ofertar personas jurídicas nacionales o extranjeras. En caso de asociaciones, deberán comprometerse a constituir una Sociedad de Propósito Específico (SPE) en Argentina para la firma del contrato. Las UTEs quedan prohibidas, lo que elimina el formato habitual con el que operan los principales actores del dragado en el país. Las empresas que se asocien deberán asumir responsabilidad ilimitada y solidaria. Mirá también El nuevo pliego de la Hidrovía fija un calado de 15 pies para el tramo Santa Fe–Timbúes Además, todo oferente deberá estar inscripto en CONTRAT.AR bajo la categoría “Concesionarios Ley 17.520”. Restricciones geopolíticas: sin participación estatal extranjera El pliego excluye a cualquier empresa controlada total o parcialmente por un Estado soberano o por agencias gubernamentales. Se trata de una definición de peso en un corredor estratégico, que deja fuera a operadores de escala global vinculados a gobiernos, incluidos asiáticos y europeos. También se prohíbe la participación de compañías incluidas en la lista OFAC del Tesoro de Estados Unidos. Obstáculos por integridad: ética y compliance como llave de acceso Para competir, las empresas no pueden estar inhabilitadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID por casos de corrupción. Tampoco pueden tener condenas por soborno transnacional en el marco de la Convención de la OCDE. Cualquier intento de influir en el proceso mediante dádivas implica la exclusión automática. Requisitos técnicos y económicos que funcionan como barrera de entrada Más allá de lo jurídico, el pliego eleva el listón técnico y financiero a niveles nunca antes vistos en la hidrovía. El futuro concesionario deberá acreditar la propiedad de seis dragas de succión en marcha, construidas después de 1994, con capacidad de tolva específica, y haber ejecutado más de 15 millones de m³ dragados desde 2016, exclusivamente con equipos propios. En términos económicos, se exige un patrimonio neto superior a USD 300 millones y una facturación anual en dragado mayor a USD 300 millones en los últimos tres ejercicios. Qué actores quedan afuera Las restricciones dejan al margen a empresas concursadas, fallidas, sancionadas, o con antecedentes negativos como concesionarios del Estado. También excluyen a personas físicas y a funcionarios públicos con posibles conflictos de interés. El mensaje es contundente: solo podrán competir grandes corporaciones privadas globales, altamente solventes, con flota propia y sin relaciones con gobiernos extranjeros. Una licitación diseñada para un tipo de operador El conjunto de requisitos revela un modelo de concesión que consolida una matriz: la futura hidrovía será operada por un jugador privado de gran escala, con músculo financiero, flota moderna y sin aval del Estado, bajo un contrato a 25 años a riesgo empresario. La exclusión de UTEs, la prohibición de participación estatal extranjera y los exigentes estándares de integridad y solvencia recortan la lista de posibles oferentes a un grupo reducido de empresas en el mundo. La definición marca el rumbo de la Hidrovía en las próximas décadas y abre un escenario donde la competencia será mínima, pero la escala operativa y la responsabilidad exigida serán máximas.
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