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» Diario Cordoba
Fecha: 08/12/2025 13:37
Córdoba tiene, según datos del Catastro, unos 17.000 edificios y más 50.000 de viviendas (entre casas unifamiliares y edificios plurifamiliares) que han cumplido más de 50 años. Todos ellos deberán tener antes del 31 de diciembre de 2026 el certificado de Inspección Técnica de Construcciones y Edificaciones (ITCE), que atestigüe su estado de conservación. La fecha límite se acerca peligrosamente aunque pocos son los inmuebles que han cumplido el requisito exigido por ley en toda Andalucía. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, recuerda que «en 2026, se cumplirá la prórroga del reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y miles de viviendas tendrán que entregar el informe». De Gracia explica que «hace quince años, cuando se empezó a hablar de este tema, solo estaban afectados algunos barrios como el Campo de la Verdad, Fray Albino o el Casco Histórico». Pasado el tiempo, «hay muchas más zonas que han cumplido 50 años, entre ellas, Ciudad Jardín, Santa Rosa, Valdeolleros, Sector Sur, Miralbaida, parte de la Fuensanta, Parque Figueroa, Colonia de la Paz, Las Margaritas...», por lo que a estas alturas estima que «más de la mitad del parque de viviendas está afectado por esta obligación, yo diría que mucho más de 50.000». Los inmuebles que superen medio siglo de antigüedad «tendrán solo un año, 2026, para realizar la inspección y subsanar las deficiencias que se detecten», algo que preocupa al Movimiento Ciudadano porque «las ayudas de rehabilitación, tanto de Vimcorsa como de la Junta de Andalucía son escasas». Temen, además, que no haya personal técnico suficiente en Córdoba para acometer estos trabajos de inspección y que se produzca «un embudo» si la demanda se concentra. «El sentido de la ITCE (conocida popularmente como ITV de edificios) es verificar el estado de los inmuebles y solucionar posibles problemas de mantenimiento», recalca De Gracia, «pero hay que hacerlo bien, no como está ocurriendo con los certificados de eficiencia energética, que se están haciendo sin ni siquiera visitar las casas para abaratar el coste y hacer el máximo de informes en el menor tiempo». De Gracia llama a la Gerencia Municipal de Urbanismo a prepararse porque «se prevé que haya un incumplimiento general, lo que provocaría una situación muy complicada» y recuerda que «serán ellos quienes tengan que controlar que se cumple la ley». El coste de los informes correrá a cargo de los propietarios. No hay tarifas fijas, si bien el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Pablo Muñoz Bretón, señala que «las ITES que se han hecho hasta ahora rondan entre 1.500 y 2.000 euros de media, aunque el coste puede variar dependiendo del estado del edificio». Capítulo aparte serán las obras que haya que acometer para subsanar deficiencias. La ITE (Inspección Técnica de Edificios) está regulada desde 2009 (primero, en la Axerquía y desde el 2012, en toda la ciudad) en una ordenanza, pero el grado de cumplimiento es muy bajo. La ordenanza prevista para su actualización, que no ha llegado a entrar en vigor, ya no tendría sentido porque «el reglamento andaluz supera la ordenanza y está lo bastante detallado como para que no necesite más desarrollo», indica De Gracia. Las inspecciones tienen una validez de diez años, por lo que los inmuebles que ya obtuvieron la ITE con anterioridad deberán renovarla cuando ésta caduque. En el movimiento ciudadano recuerdan que «la ITE se puso en marcha con la crisis del ladrillo, cuando se paralizaron las obras, para impulsar las rehabilitaciones», si bien el objetivo debe ser «garantizar que los edificios son seguros y están en buenas condiciones». En ese sentido, cuestionan que no sea un organismo público quien se encargue de las inspecciones, como ocurre con los vehículos, y que los precios sean libres y se regulen por la ley de la oferta y la demanda, sin un control de calidad sobre las inspecciones. «Tampoco sabemos si puede haber indefensión ante los seguros en caso de incumplimientos», advierten. Arquitectos técnicos y arquitectos El presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Córdoba, Guillermo Vizcaíno, cree que habrá un incremento de la demanda de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) que complementan la inspección técnica (ITCE). «Nosotros consideramos estos informes esenciales, no solo para detectar problemas que puedan poner en peligro la seguridad sino como garantía en operaciones de compraventa de segunda mano y en alquileres». Señala que la mayoría de las personas que compran o alquilan viviendas «no tienen conocimientos técnicos» y esos informes certifican su estado en caso de posteriores reclamaciones. En su opinión, «estos informes benefician a todos, también a los ayuntamientos, que tendrán información de primera mano sobre el estado de salud del parque inmobiliario». En cuanto a la posible escasez de técnicos (en Córdoba hay más de 400 colegiados), estima que «aunque en la actualidad hay bastante trabajo, no creo que haya problema para absorber esta demanda». En relación a los honorarios, añade que «tienen que ser libres por ley», algo que no entiende y que cree «que está en el origen de esos informes de eficiencia energética low cost que se están dando». No obstante, descarta que ocurra igual con lo IEE porque «la competencia para firmarlos está más acotada y la responsabilidad del técnico en mayor y más directa». Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio de Benito, coincide en que «no habrá problema para atender la demanda de inspecciones». En su opinión, será una buena noticia porque habrá más trabajo. Sobre el coste, no da ninguna pista. «Hay libertad de precios, así que dependerá del tamaño y la complejidad del edificio», aventura. También apunta que el volumen de inspecciones dependerá de la dureza de la Administración. «Si empieza a haber multas por incumplimientos, la gente se tomará en serio la medida, pero si son laxos, muchos propietarios y comunidades lo dejarán pasar». Administradores de fincas Los administradores de fincas no quieren que les pille desprevenidos y, según Pablo Muñoz, ya han puesto en marcha cursos de formación para que todos los gestores sepan la fecha límite de la ITE y puedan informar a las comunidades de propietarios. «Nuestra recomendación como profesionales es que todos los edificios cumplan el requisito y obtengan la ITCE», señala, «desde el colegio, vamos a formar a los profesionales sobre la norma y les pediremos que informen a las comunidades y reflejen la propuesta en el acta aunque la última palabra la tendrán ellos». De momento, Muñoz afirma que están encontrando «vecinos ni se plantean hacerlo porque consideran que no sirve para nada», comenta. En cuanto a la cobertura de los seguros, apunta que «hay compañías que firman las pólizas sin ni siquiera pasar por los edificios ni evaluar los riesgos reales». Por eso, no sabe si de cara al futuro se exigirá la ITE para conocer el estado de los inmuebles o establecer sobreprimas si no se ha hecho.
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