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CABA » Plazademayo
Fecha: 06/12/2025 15:13
Un proyecto político-empresarial impulsa la flexibilización de la Ley de Glaciares para habilitar mega data centers en la Patagonia. Expertos advierten que estos desarrollos ponen en riesgo reservas estratégicas de agua en nombre de la economía tecnológica global. En su columna habitual en el programa Caballero de día, Cynthia Ottaviano advirtió sobre las maniobras para modificar la Ley de Glaciares, cuestionó el desembarco de mega centros de datos en la Patagonia y vinculó la disputa por el agua con los intereses geopolíticos que acompañan el avance de la inteligencia artificial. Desde el inicio de su intervención, la periodista puso el acento en la ofensiva contra la normativa ambiental y en el impacto que el modelo tecnológico promovido por el Gobierno podría generar sobre los ecosistemas estratégicos del país. “Sin agua no hay desarrollo posible”, remarcó al presentar un documento firmado por más de treinta organizaciones sociales que rechazan cualquier cambio en la ley vigente. La intención de desregular y modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639) volvió a instalarse en la agenda pública. Diversos sectores advierten que el impulso proviene de un entramado político-empresarial interesado en habilitar la instalación de mega data centers en la Patagonia, infraestructura clave para la expansión global de la Inteligencia Artificial. Aunque la narrativa oficial plantea que estas inversiones podrían insertar al país en la economía digital, especialistas denuncian que la flexibilización normativa implica una regresión ambiental directa. Además, sostienen que este avance favorecería a corporaciones tecnológicas antes que a las comunidades que dependen de las reservas hídricas protegidas por la ley. El proyecto StarGate y la carrera por el agua Entre los desarrollos más polémicos se encuentra StarGate, un mega data center proyectado en la Patagonia. Este tipo de infraestructura requiere grandes cantidades de energía y agua para mantener su funcionamiento y refrigeración. Por ese motivo, organizaciones socioambientales advierten que su instalación podría poner en riesgo reservas hídricas estratégicas del país. El empresario Emiliano Careman, quien analizó el proyecto en distintas intervenciones públicas, explicó que la elección de la Patagonia no es casual. Según su interpretación, forma parte de un “juego geopolítico” en el que la Argentina se alinea con Estados Unidos en su competencia tecnológica con China. Un país que exporta “bits” mientras compromete sus bienes comunes Careman sostiene que Argentina busca posicionarse como un exportador de servicios de cómputo —“exportar bits”— aprovechando el gas de Vaca Muerta y la disponibilidad de energías renovables en la región. Esta estrategia se enmarca en la reconfiguración del país como proveedor energético y digital, orientado a satisfacer las necesidades de la economía tecnológica global. Críticos del modelo consideran que este enfoque reconfigura al Estado para favorecer al capitalismo de plataformas. En ese esquema, el agua y la energía dejan de ser bienes comunes para convertirse en insumos de una industria transnacional que se desarrolla a puertas cerradas y sin un debate social amplio. Entre el desarrollo y la protección de los glaciares Mientras el Gobierno y sectores empresariales argumentan que la flexibilización normativa permitiría atraer inversiones millonarias, el campo socioambiental insiste en que la Ley de Glaciares protege reservas vitales para el presente y el futuro. Además, recuerdan que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales para regular el ciclo del agua, sostener actividades productivas y garantizar el abastecimiento en poblaciones enteras. La disputa, lejos de resolverse, vuelve a interpelar a la sociedad argentina: ¿qué modelo de desarrollo es deseable y posible? ¿Quiénes se benefician con la transformación del territorio? ¿Y qué riesgos ambientales está dispuesto a asumir el país?
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