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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 06/12/2025 12:12
Un llamado a defender lo que construimos entre todos en Argentina. Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la educación que el Estado tiene la obligación de garantizar: un derecho humano respaldado por la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023, todo en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario. El Gobierno decidió no tratar el presupuesto 2024 ni 2025. Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria docente; cierre de programas como Conectar Igualdad; desaparición del FONID; cero obras de infraestructura y construcción de jardines de infantes. Los ingresos docentes están en un piso histórico, equivalentes a valores previos a 2005. Estas medidas se justificaron trasladando responsabilidades a las provincias bajo un falso “federalismo”, cuando en realidad significaron incumplir leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad para garantizar igualdad, inclusión y calidad. Los golpes más duros recaen sobre quienes más necesitan del acompañamiento del Estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o comenzar estudios superiores. Las becas Progresar —reguladas por la Ley 27.726— sufrieron un recorte dramático: En el 4.º trimestre de 2024 sus recursos cayeron 27,3 %. Se perdieron 500.000 becas en un año. El monto quedó congelado mientras la inflación anual fue del 236 %. El aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente. En 2025 no hubo incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios. Este ajuste no solo afecta bolsillos: afecta vidas, trayectorias y oportunidades que tardan generaciones en construirse. Las universidades nacionales —donde estudian más de 2 millones de estudiantes— están en serio riesgo. El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y otras normas. El presupuesto es insuficiente para cubrir servicios básicos; los salarios docentes y no docentes cayeron entre 25 y 30%; más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos porque ya no podían sostenerse. Un proyecto para retroceder décadas El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: propone derogar artículos que fijan metas de inversión educativa, incluida la obligación de destinar el 6 % del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional. Es decir, el Gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional. A esto se suma la circulación —sin autoría clara— del presunto proyecto “Libertad Educativa”, asociado al secretario Carlos Torrendell y al CEO Paolo Rocca. Su contenido apunta a borrar responsabilidades del Estado y a debilitar a la escuela pública como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia. La defensa de la Ley de Educación Nacional Para avanzar sin límites, el Gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Esta ley fue fruto de un debate amplio y federal impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos participaron con compromiso para definir un horizonte educativo común. Su núcleo duro —que hoy se busca desmantelar— incluye: La educación como bien público. La educación como derecho personal y social. La obligación del Estado de garantizarla. La integración federal del sistema. La igualdad y la justicia educativa. La responsabilidad compartida entre Nación y provincias. El neoliberalismo necesita destruir este núcleo para mercantilizar la educación. Y como condición, debe debilitar a las escuelas y al rol docente, empoderando “particulares” que pretendan convertir la educación en negocio. Eso empuja a docentes, familias y estudiantes hacia el abismo de la desigualdad. Transformar sí, retroceder jamás El sistema educativo necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero solo son sostenibles si se apoyan en leyes democráticas, con participación real de escuelas, docentes, estudiantes, comunidades y familias; y con financiamiento estable. El proyecto educativo que Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar los desafíos tecnológicos, productivos y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos. Por eso, frente al intento del Gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y sumar compromisos. No aceptamos que Argentina retroceda a tiempos previos a la Ley 1420. No lo merecen los millones de estudiantes y docentes que cada día enseñan y aprenden, ni las familias que sostienen ese esfuerzo. La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. Es la base del proyecto de país justo y democrático que merecemos. Una utopía en construcción permanente, a la que no vamos a renunciar jamás. Defenderla es defender nuestro presente y nuestro futuro común.
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