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» tn24
Fecha: 05/12/2025 21:20
El fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH) fue hallado responsable de desviar más de $100 millones destinados a programas sociales y de infraestructura. La justicia abre nuevas líneas de investigación sobre otros implicados. Este viernes, la Cámara del Crimen de Resistencia dictó sentencia contra Carlos Iván Barraza, fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), quien fue condenado a 10 años de prisión efectiva por los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios. El tribunal, integrado por las juezas Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey, lo halló responsable de orquestar un esquema de desvío de fondos públicos que impactó en diversos programas sociales e infraestructurales, los cuales no fueron ejecutados como estaba previsto. La condena se sustenta en que entre 2022 y 2023, Barraza desvió más de $100 millones de diversas partidas públicas, entre ellas fondos destinados a la construcción de viviendas y proyectos de limpieza en localidades como Barranqueras y Colonia Elisa, obras que nunca fueron realizadas. Además, se le atribuye el uso indebido de recursos del SAMEEP, entidad en la que ejercía funciones jerárquicas, utilizando maquinaria y personal para sus intereses personales. En un giro importante, el tribunal dispuso la apertura de nuevas investigaciones sobre otros responsables del desvío de recursos públicos. Entre los posibles implicados figuran funcionarios de la administración pública como Carlos Mauricio Andión, ex titular del IAFEP, y Laura Moreno, quienes están bajo sospecha por la disposición irregular de fondos durante los años 2022 y 2023. También se investigarán presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas y el manejo del personal en SAMEEP, presuntamente favoreciendo a Barraza y su círculo cercano. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes relacionados con los delitos cometidos, como vehículos, herramientas y documentos, que pasarán a manos del Estado provincial. La justicia continúa con el caso, esperando recuperar los fondos desviados y sancionar a todos los responsables involucrados en este escándalo de corrupción.
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