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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 05/12/2025 12:39
Las cadenas comerciales reclamaron que el plazo dispuesto no permite realizar los cambios operativos requeridos (Freepik) Un nuevo incremento de tasas a nivel municipal recalentó las tensiones con las cadenas comerciales, que vienen advirtiendo desde hace más de un año del fuerte aumento en la presión tributaria en diferentes localidades de todo el país. En este caso, se trata del Municipio de Pilar, que aplicó un incremento significativo en la Tasa de Protección Ambiental que cobran por cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados y que terminarán pagando los consumidores. La nueva normativa dejó atrás el esquema de monto fijo por módulos y estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado. Las cadenas comerciales recibieron la notificación oficial con efectos desde el 1 de diciembre de 2025, lo que desencadenó un fuerte malestar en el sector y motivó el envío de una carta formal a la Secretaría de Hacienda de la localidad para pedir una revisión urgente del régimen. La modificación surgió de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que definió la eliminación del sistema de módulos para todas las operaciones perfeccionadas desde el 1 de diciembre en adelante. Según la comunicación municipal, los agentes de percepción -las cadenas- tienen tiempo hasta el 15 de diciembre de 2025 para adecuar sus sistemas y volver a cumplir sus obligaciones de manera habitual. Esa instrucción generó preocupación inmediata entre los supermercados, que sostuvieron que el plazo establecido los dejó sin margen para realizar los cambios necesarios. La novedad tomó especial relevancia porque la nueva percepción del 2% se aplica sobre cada venta realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El tributo impacta de manera directa en el precio final que pagan los vecinos de Pilar, ya que se suma a cada ticket sin un mínimo no imponible. Ese punto produjo un fuerte cuestionamiento del sector porque todas las operaciones, incluidas las de bajo monto, quedaron alcanzadas. La noticia sobre el incremento motivó que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) enviara una carta a la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, para solicitar una audiencia “en forma urgente”. En el documento, firmado por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad informó que la aplicación de la alícuota del 2% genera “graves perjuicios” para los vecinos de Pilar y expuso que los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria. ASU explicó que la medida provocará un encarecimiento directo de los productos vendidos dentro del municipio, ya que el 2% se suma a cada operación y se traslada de inmediato al consumidor. La entidad subrayó que los vecinos perderán poder adquisitivo, especialmente en compras habituales de bajo monto. También remarcó que la ausencia de un mínimo no imponible perjudicó a quienes realizan operaciones pequeñas, porque la tasa aplica sobre cualquier importe. Así como lo hicieron cuando se aplicó un monto fijo -que fue subiendo y ahora se ubicaba en torno a $60-, los supermercados informarán a los consumidores respecto de estos cambios mediante cartelería, excepto que el municipio desista de la medida. Este cartel había sido puesto por Changomás (el resto hizo lo mismo) para informarle al consumidor lo que pagaría Otro de los efectos señalados en la carta fue el impacto sobre las campañas comerciales con precios redondos, una práctica central en diciembre. La entidad dio como ejemplo una caja navideña publicada a $10.000, que pasará a costar $10.165,28 al incluir la percepción. Vale aclarar que el 2% se aplica sobre el precio neto de IVA. Según ASU, esa diferencia generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo generado por el cargo adicional. De hecho, la modalidad que regía hasta ahora de un monto fijo generaba malestar entre los consumidores, muchos de los cuales cuestionaban en línea de caja la tasa, precisaron las fuentes consultadas. El documento de ASU también mencionó que la nueva percepción contradijo los principios del Régimen de Transparencia Fiscal, que exige que el cliente conozca de antemano cuánto pagará por cada concepto incluido en el precio. Como la tasa se aplica en la línea de cajas, los supermercados afirmaron que pierden claridad en la comunicación de precios y enfrentan un escenario de confusión entre los compradores. En cuanto a los aspectos operativos, la entidad planteó que el Municipio informó el fin del sistema por módulos recién el 3 de diciembre, aunque la medida rige desde el día 1. Esa simultaneidad, según las cadenas, las dejó sin tiempo para “desconectar” el régimen anterior y preparar el nuevo. La carta detalló que cualquier cambio en los puntos de venta requiere un proceso extenso que incluye diseño, cotización, aprobación presupuestaria, desarrollo, instalación en laboratorio, validación, correcciones y roleo en todas las tiendas. Por ese motivo, la asociación pidió un plazo mínimo de tres meses desde que el Municipio entregue las especificaciones técnicas completas. ASU también informó que, al 4 de diciembre, no recibió reglamentación sobre mínimos no imponibles, exclusiones ni los diseños de registro necesarios para confeccionar los archivos que se deberán presentar en el Portal de Autogestión. Sin esa información, los equipos de sistemas no pueden iniciar ningún desarrollo. La entidad señaló que incluso determinar el importe neto en ventas a consumidor final presenta dificultades técnicas, porque los tickets no discriminan ese cálculo. Competencia desleal El sector alertó sobre un problema adicional: la competencia desleal. El nuevo régimen alcanza sólo a supermercados, hipermercados y otras actividades específicas, mientras que comercios como almacenes, locales de electrodomésticos, casas de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no deben cobrar el 2%. Según la entidad, esa diferencia afecta directamente a los supermercados, sobre todo en productos de alto valor. Para ilustrar la situación, mencionó que una heladera de $1.500.000 suma casi $25.000 adicionales por la percepción, lo que desalienta la compra frente a comercios no alcanzados. ASU también analizó el impacto en operaciones con billeteras digitales y promociones bancarias. En el caso de Modo, los reintegros se calculan sobre el total cobrado sin distinguir conceptos, por lo que el supermercado recibe un monto menor, pero debe ingresar igualmente el 100% de la percepción al Municipio. Ese desfasaje genera costos adicionales para las cadenas. Otro punto señalado fue el posible encarecimiento de compras a proveedores radicados en Pilar, que pueden aplicar la percepción del 2%. La asociación recordó que una resolución previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes, pero informó que el Municipio todavía no definió si mantendrá esa exclusión. Si el régimen no contempla excepciones, los costos de abastecimiento aumentarán. Además, ASU indicó que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal menciona los servicios vinculados a la tasa, pero el artículo 331 establece que los fondos integran recursos de Libre Disponibilidad, lo que amplía el margen de uso de la recaudación. Ante ese conjunto de factores, ASU solicitó dejar sin efecto la nueva aplicación del tributo. En caso de no recibir una respuesta favorable, pidió suspender o prorrogar la entrada en vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 para disponer del tiempo técnico necesario de adecuación.
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