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» Diariopinion
Fecha: 05/12/2025 01:09
Luego del fracasado intento de recusación que presentó la defensa de Julio De Vido, el Tribunal Oral Federal Nº 7 intentará avanzar este jueves 4 de diciembre con la Causa Cuadernos, centrándose en las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, en el cual la fiscalía muestra el eje de su argumento acusatorio: la existencia de un sistema organizado con una clara jerarquía de mando, creado con el objetivo de recaudar dinero de manera ilegal que funcionó, entre los años 2003 y 2015, desde el Ministerio de Planificación. En la parte final de este requerimiento se trata la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. En este tema, la fiscalía dio por acreditado un mecanismo dual para obtener el dinero: uno que realizaban los funcionarios, donde se retiraba el efectivo de forma directa de las compañías, y otro realizado por actores financieros que recolectaban fondos gracias a retornos pactados previamente en las obras públicas más grandes de ese período. La reconstrucción intentará exponer la operatoria y el comportamiento de los empresarios acusados. Según el análisis fiscal, firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR formaron parte de un esquema de pagos ilegales "inducidos por la expectativa cierta de beneficios" en licitaciones, contrataciones públicas, modificaciones de plazos, pagos atrasados, certificaciones y gestiones regulatorias. La lectura se había centrado en reconstruir lo ocurrido y describir a los actores involucrados en el supuesto esquema de corrupción. Lo que se hace a continuación es la exposición de cómo el fiscal Carlos Stornelli logró unir toda esa masa de información para apoyar su afirmación más fuerte: que hubo un esquema delictivo centralizado cuyos circuitos, de acuerdo a la denuncia, terminaban en el departamento de la calle Uruguay (donde vivió Cristina Kirchner), o en la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los fondos recaudados en nombre del Poder Ejecutivo. "Los empresarios lograban favores de parte del Estado" "Ciertos integrantes de la organización criminal acordaron con los responsables de empresas el pago de sumas de dinero con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo afín a sus funciones en beneficio de dichas empresas", continuó con su relato el secretario del Tribunal Oral Federal N°7. En ese sentido, añadió que "los empresarios lograban favores de parte del Estado, mientras el grupo paraestatal se enriquecía y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita" a lo largo del tiempo. Cómo funcionaba la asociación ilícita, según la Fiscalía De acuerdo a la acusación, se realizó un plan integral con una logística para recaudar dinero que empresarios de la construcción, de energía y transporte, entre otros, entregaban para ser beneficiados con contratos. El sistema contaba con "dos canales independientes, pero complementarios entre sí". El primer grupo eran los funcionarios públicos que cobraban el dinero garantizado por los empresarios, y estaba conformado por Baratta y sus secretarios. Tenían contacto con los dueños de las compañías. El segundo grupo supuestamente estaba integrado por Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el financista Ernesto Clarens, y José López, ex secretario de Obras Públicas. "Ambos grupos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada (...) recolectando el dinero con el fin de entregarlo en calle Uruguay 1306 de esta ciudad, o en la Quinta de Olivos a Daniel Muñóz, nexo inescindible entre los años 2008 y 2010 con quienes habían organizado y/o comandado la asociación delictiva: Néstor y Cristina Kirchner". La acusación de la Fiscalía El secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz, comenzó la lectura de la imputación de la causa. Entre los principales imputados se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, ex subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, y el ex chofer del ministerio, Oscar Centeno. "Entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como maximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación", señaló Ruiz. En ese punto, aseguró que existieron dos grupos para poder concretar la asociación delictiva, integrada principalmente por funcionarios públicos. De qué se trata la causa "Cuadernos" Se están juzgando 540 hechos de supuestos pagos ilegales realizados por empresarios al poder Ejecutivo para poder acceder a contratos de obra pública. Cristina Kirchner es la principal acusada porque, según la fiscalía, fue la cabeza de la presunta asociación ilícita y cohecho que tuvo lugar entre los años 2003 y 2015, permitiendo que se realizaran estas maniobras ilegales. Junto a la expresidenta están siendo juzgadas 86 personas más, incluyendo exfuncionarios de su gobierno (como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública, José López) y medio centenar de empresarios. La fiscal general Fabiana León, que lleva adelanta la acusación, explicó: "Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial".
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