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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 04/12/2025 22:37
Durante el encuentro, Marteau y Pleé analizaron la brecha entre el diseño institucional del régimen antilavado y sus resultados concretos en materia, por ejemplo, de condenas y decomisos (Jaime Olivos) El abogado y académico Juan Félix Marteau presentó este jueves su libro "La utopía del estándar", editado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en una actividad que contó con la participación del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé. La obra expone un análisis crítico del sistema global de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y postula, a partir de datos, los motivos por los que dicho modelo no ha producido en la Argentina los efectos esperados. Durante el coloquio, ambos especialistas repasaron los conceptos centrales del libro y los articularon con cuestiones operativas, metodológicas y políticas vinculadas al funcionamiento del régimen antilavado en el país. El evento, realizado a las 18 en la sede del CARI sobre la calle Uruguay 1037, contó con la presencia de magistrados, funcionarios, académicos y figuras relevantes del derecho penal. Una de las presentes fue Liliana Catucci, una histórica ex jueza de la Cámara Federal de Casación, que permitió desarrollar a través de un diálogo los núcleos principales del texto. Marteau, miembro del consejo y director del Comité sobre Criminalidad Organizada y Transnacional y Terrorismo, fue representante de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se desempeñó como coordinador nacional de políticas vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esa trayectoria, según explicó, acompaña la mirada que desarrolla a lo largo del libro. La obra comienza con una frase que anticipa su enfoque general: “Las medidas adoptadas por la Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de exigencias internacionales, han resultado ineficaces para contrarrestar las estructuras y circuitos ilícitos asociados a amenazas activas como el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de criminalidad organizada que dominan sectores significativos de la economía clandestina nacional.” Durante el encuentro, el autor retomó esa hipótesis y afirmó que, luego de 25 años de estandarización global, las organizaciones criminales más poderosas “están más ricas, más gordas y tienen mayor capacidad de depredación que antes”, mientras que las políticas globales aplicadas localmente no produjeron los resultados enunciados. El fiscal general Raúl Pleé acompañó el coloquio y repasó los aspectos técnicos del sistema del GAFI y su aplicación en la Argentina (Jaime Olivos) El libro propone un enfoque realista para estudiar el sistema internacional y el modo en que se traduce en decisiones domésticas. En la presentación, el abogado explicó que la perspectiva del realismo, asumida al estudiar el tema, le permitió “dejar de lado las consideraciones ideológicas y morales” y analizar la problemática “con la mayor objetividad posible”. Esa visión se anticipa en el epígrafe que abre el texto, tomado del pensador alemán Carl Schmitt: “Mientras un pueblo exista en la esfera de lo político, tendrá que decidir por sí mismo, aunque no sea más que un caso extremo [...], quién es el amigo y quién el enemigo”. En línea con ese enfoque, Marteau plantea que el combate contra las amenazas económico-financieras exige “decisiones soberanas” sobre cuáles son los intereses nacionales en juego. En su reconstrucción histórica, el libro explica que el GAFI fue creado en 1989 por el G7 para enfrentar los excedentes ilícitos que el narcotráfico -Pablo Escobar a la cabeza- introducía en las economías occidentales. Con el tiempo, el mandato se amplió a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Marteau destaca en el libro que la influencia del "estándar global" se extendió a más de doscientas jurisdicciones y generó una “plataforma discursiva lo suficientemente universal” como para habilitar cooperación, intercambio de prácticas y sanción de regulaciones internas. Sin embargo, durante el coloquio destacó que esa homogeneización no se tradujo en cambios sustantivos en los países “con economías medianas como las nuestras”, donde las capacidades estatales enfrentan limitaciones estructurales. Durante la conversación, Pleé recuperó los elementos técnicos de ese proceso. Explicó que el GAFI opera mediante una metodología compuesta por “cerca de 400 criterios de evaluación” que miden el cumplimiento técnico y la efectividad e impacto de las normas. Señaló que, para mantenerse dentro del esquema, Argentina debe atravesar "evaluaciones mutuas" en las que los países se analizan entre sí y en las que se exige la realización de un análisis de riesgos nacional. Sobre esa base, el GAFI determina si las acciones locales alcanzan el nivel de cumplimiento esperado y si existen resultados concretos en materia de condenas, sanciones y decomisos. Juan Félix Marteau lanzó su libro La utopía del estándar Ese funcionamiento, detallado por el fiscal de Casación, dialoga con el planteo del texto según el cual la normativa global presupone la capacidad de los Estados de implementar sistemas nacionales capaces de detectar, prevenir y sancionar operaciones de lavado y financiación del terrorismo. El documento explica que, desde la perspectiva del GAFI, los países deben conformar marcos institucionales que permitan alcanzar resultados “más tangibles sobre las economías y las finanzas ilícitas”. Y afirma que ese supuesto enfrenta dificultades en jurisdicciones con economías informales extensas o con instituciones fragmentadas. Marteau asevera en su estudio que en la Argentina existe una “inconsistencia tal que compromete el sentido mismo del modelo”, debido a que la disrupción de las economías ilícitas “no es sistémica ni nacional”. Esta afirmación fue retomada en el coloquio para explicar por qué, según el autor, la problemática no se limita a fallas locales, sino que forma parte de los límites del propio estándar. Remarcó que el enfoque habitual en la discusión pública consiste en atribuir la ineficacia al país -a su política doméstica, a sus funcionarios o a su falta de perspectiva-, mientras que, a su juicio, “el problema está en el estándar global”, que “no aplica correctamente a una realidad como la argentina”. El autor señaló que la economía informal argentina —que puede alcanzar el 45% del PBI— dificulta la aplicación efectiva de los estándares internacionales (Jaime Olivos) En ese sentido, durante la presentación explicó que, mientras se multiplicaron normas, organismos y reuniones internacionales, los indicadores vinculados al crimen organizado no mejoraron. Mencionó un dato ya presente en la obra: en la década del 90, los carteles de cocaína producían un tercio de la cocaína de máxima pureza que se produce hoy, a pesar de que desde entonces se intensificaron las políticas antilavado, se crearon nuevos organismos y se emitieron recomendaciones internacionales constantes. El fiscal también se refirió a la distancia entre el estándar global y la realidad local. Afirmó que “la utopía del estándar -en alusión al título del libro- es que nos obligamos a aplicar estándares que han sido establecidos por el primer mundo, con economías más ordenadas, con consideraciones vinculadas con esa realidad, que no tiene nada que ver con nuestro sistema”. Señaló que existen pautas que “no se pueden aplicar” en contextos como los mercados informales y destacó la necesidad de observar las diferencias entre los entornos económicos para comprender por qué ciertas regulaciones no generan los efectos esperados. La ex camarista Liliana Catucci, encargada de abrir la jornada (Jaime Olivos) Esa observación se vincula directamente con otro de los tópicos centrales del libro: la informalidad económica. Marteau recalca en el texto que la informalidad en la Argentina oscila entre el 35% y el 45% del PBI, dependiendo del método de medición, y que se trata de un universo complejo que incluye desde trabajadores sin acceso a aportes previsionales hasta evasores fiscales de alta escala, pasando por organizaciones ilícitas. A partir de ello, afirma que “difícilmente pueda pensarse que la integridad sea un valor o un interés que pueda ser efectivamente protegido por un sistema nacional como el argentino”. Esa afirmación fue mencionada en el coloquio cuando Pleé subrayó que determinadas exigencias internacionales resultan “impracticables” en circuitos que no operan bajo las lógicas del sistema financiero formal. Otro punto abordado tanto en el libro como en el diálogo de más de una hora, fue la evaluación que el GAFI realiza sobre la Argentina. El texto señala que, según las conclusiones de la última evaluación mutua, el país presenta una “inconsistencia moderada”, un diagnóstico que, para el autor, no resulta convincente, ya que no contempla adecuadamente los resultados reales. Marteau plantea que el volumen estimado de activos lavados en el país asciende a USD 30.000 millones anuales y que, frente a ese panorama, los decomisos informados por la Argentina representan apenas USD 27.000.000 anuales, “lo que no alcanza el 0,1%” del monto total detectado. Además, indica que el promedio anual de condenas por lavado es de “diecisiete”, la mayoría en causas de escasa trascendencia. Estos datos fueron retomados en la presentación para ilustrar el desfasaje entre el diseño institucional y su impacto concreto. Juan Félix Marteau durante la presentación de La utopía del estándar en la sede del CARI, donde expuso su análisis crítico del sistema global antilavado (Jaime Olivos) En el coloquio, el fiscal Pleé profundizó la cuestión de los resultados y explicó que la efectividad se mide a través de condenas, sanciones y decomisos. En ese marco, planteó que la dificultad no radica solo en los procesos judiciales, sino en la estructura general del sistema: desde la identificación de riesgos hasta la transformación de reportes en investigaciones penales. El libro dedica un desarrollo particular a la crítica sobre la manera en que se producen esos reportes. Marteau señala que el sistema argentino cuenta con más de 90.000 sujetos obligados que informan anualmente cerca de 50.000 operaciones sospechosas a la UIF. Sin embargo, solo una proporción menor deriva en informes de inteligencia vinculados efectivamente a lavado o financiación del terrorismo. También afirma que el 90% de los informes generados responden a pedidos de colaboración no vinculados a estas materias. En la presentación, esa estructura fue mencionada como un ejemplo de la reducción y simplificación del universo real que exige, ineficazmente de acuerdo al autor, la ingeniería institucional del estándar. Otro punto abordado fue el de la supuesta neutralidad del GAFI. En el libro, Marteau sostiene que el organismo es “el resultado de la enorme capacidad política de un gran poder fáctico -los Estados Unidos de América- para ordenar la agenda global en función de la protección de sus intereses nacionales”. Durante la presentación, el académico reforzó esta idea al aseverar que el GAFI “no es lo que dice que es” y que no existe la neutralidad técnica. Para ejemplificarlo, mencionó que en la última evaluación hubo un llamado que recomendó que la Argentina no fuera incluida en la lista gris, lo que, según indicó, demuestra que existen consideraciones políticas en las decisiones del organismo. El miembro consejero y director del CARI presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos Por otro lado, se abordó la cuestión de los intereses nacionales. Pleé le preguntó al autor qué propuestas consideraba necesarias para dejar de analizar el sistema argentino únicamente desde la perspectiva del estándar internacional. Marteau respondió que la Argentina debe “analizar en qué medida GAFI entiende la realidad argentina que evalúa” y que, en su opinión, esa comprensión es parcial. Señaló que “tenemos un problema de concepción respecto a la matriz desde la cual pensamos nuestros problemas” y que muchos funcionarios “no saben cuáles son los intereses nacionales argentinos” que deben defender. “Esa es la tragedia nacional”, dijo. La afirmación giró en torno al planteo que sugiere el libro, según el cual un combate eficaz contra las amenazas económico-financieras requiere partir de “intereses propios de la Nación argentina”. Durante el intercambio, el autor hizo hincapié en que el derecho no puede pensarse de manera abstracta. Por eso citó a Schmitt para plantear que “el derecho no es norma: para que haya una norma tiene que haber una decisión política” y que, por lo tanto, un estándar global aplicado sin considerar el orden político nacional constituye un mecanismo sin arraigo, al que caracterizó como un estándar “sin tierra, sin cuerpo, sin carne”. La presentación permitió, así, vincular los argumentos teóricos del libro con cuestiones prácticas y metodológicas recogidas por Pleé.
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