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Parana » APF
Fecha: 03/12/2025 11:33
Lo decidió este miércoles el juez técnico que presidirá el juicio por jurados que se realizará para determinar si Norberto Miguel Rosales fue el auto del crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Cura, ocurrido en abril del año pasado. Fue un pedido de la defensora pública que también solicitó que el juicio se realice en otra localidad por la conmoción que generó en Bovril pero fue rechazado. En la audiencia se rechazó el pedido de excarcelación y Rosales seguirá en el penal hasta el juicio. miércoles 03 de diciembre de 2025 | 11:19hs. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, que será el juez técnico que presidirá el juicio por jurados que determinará si Norberto Miguel Rosales fue el autor del crimen del ex juez de Paz de Bovril, dispuso este miércoles rechazar el pedido de excarcelación que había solicitado la defensa pública el lunes 1 porque, vencido el plazo de 18 meses que prevé el Código Procesal para privar de la libertad ambulatoria a una persona que es investigada por un delito, se había vencido y las acusaciones no pidieron la prórroga excepcional prevista en el Código de rito. En la audiencia de admisión de evidencias que se dirimirán ante un jurado popular, Cotorruelo, tras rechazar la excarcelación -remitiéndose a los argumentos sostenidos por tres instancias previas, hasta llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la medida de coerción en la cárcel-, precisó que averiguó qué disponibilidad de fecha había disponible para realizar el juicio, precisando que le informaron que se podrá realizar en febrero del año próximo, tras la finalización de la feria judicial estival. Así, resolvió, respecto del pedido de libertad ambulatoria, que el imputado continúe cumpliendo la medida en la unidad penal por 90 días más o hasta la fecha de realización del juicio y la obtención de un veredicto, lo que ocurra primero. No obstante haber satisfecho los objetivos de la audiencia, la defensora pública, Nadia Musante, realizó un nuevo pedido fuera de pronóstico: solicitó a pedido de Rosales, la prórroga de la jurisdicción, lo que implica que el debate se realice en otra localidad distinta a la que fue escenario del hecho. Adujo un temor en Rosales de pérdida de imparcialidad de los potenciales jurado por la conmoción social que el crimen de una persona conocida en Bovril generó entre los vecinos. Subsidiariamente, en caso de rechazo del primer pedido -lo que sucedió-, instó que se excluya del potencial jurado a personas oriundas de Bovril, lo que también ocurrió. El juez corrió traslado a las acusaciones. Así, el querellante particular Marcos Rodríguez Allende, y el fiscal de la jurisdicción, Facundo Barboza, se opusieron a ambas solicitudes por los mismos fundamentos. Entendieron que sería innecesaria la prórroga porque el juicio se realizará en la cabecera del Departamento La Paz, o sea ésta misma localidad, y no en Bovril. También destacaron que ambos pedidos iban en contra del espíritu de la Ley de Juicio por Jurados que prevé que los ciudadanos del lugar donde ocurrió un delito sean quienes lo juzguen. Además, destacaron que la herramienta de juicio por jurados posee instancias de recusación y selección de los potenciales jurados, previstas para garantizar un juicio a cargo de un jurado absolutamente imparcial. Incluso se sostuvo que la exigencia de un veredicto alcanzado por unanimidad, oficia como límite a la hipotética animadversión que algún jurado pudiese tener con el acusado por el motivo que fuere, porque estaría conjurado por el resto de los jurados. El juez decidió rechazar el pedido de prórroga, si bien entendió que le asistía razón a la defensa habida cuenta que todas las partes reconocieron que el hecho generó conmoción social, si bien cada parte la incrementó o desalentó, de acuerdo a su especial interés, porque el debate será en la cabecera departamental, en la ciudad de La Paz. En relación a la exclusión de los oriundos de Bovril para integrar el jurado, entendió que si bien las normas no lo contemplan, en función de ampliar garantías, sobre de todo la de cualquier acusado a ser juzgado por un tribunal o jurado imparcial, aceptó excluir a los nativos de la localidad entendiendo que el pedido de la defensa era correcto. (APFDigital)
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