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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 03/12/2025 11:30
El ocaso de la clase política corrupta: Fue condenada la exconcejal K de Concordia Julia Sáenz por Concusión La justicia puso punto final a un escándalo que sacudió los cimientos de la política local. La exconcejal del Frente para la Victoria (FPV) Julia Elena Sáenz y su pareja, Carlos Alberto Gómez, fueron condenados este martes en un juicio abreviado, admitiendo los cargos de concusión agravada y tráfico de influencias por exigir un porcentaje del sueldo a empleados contratados. La condena no solo marca el final de una trayectoria política ascendente, sino que impone la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas, un castigo que resonará en la ciudad por largo tiempo. Condena Firme Según la acusación fiscal, la maniobra ilícita se extendió entre 2015 y 2020. Sáenz, reconocida militante kirchnerista y activa en movimientos de género, y su pareja, Carlos Alberto Gómez —quien también fue funcionario municipal—, exigían a contratados que entregaran parte de sus salarios bajo la amenaza de no renovarles los vínculos laborales. Los imputados finalmente admitieron la existencia de los hechos, lo que derivó en la siguiente sentencia: Pena de Prisión: 3 años de prisión condicional para cada uno. Multa: $1.500.000 para cada condenado. Inhabilitación: Absoluta y perpetua para ejercer cualquier función pública. Además, la condena incluye un estricto conjunto de reglas de conducta por un plazo de 3 años, entre las que se destaca la obligación de realizar 150 horas de trabajo a favor de una institución de bien público durante los dos primeros años. Trayectoria marcada por el poder y la caída La carrera política de Julia Sáenz estuvo ligada al oficialismo local, ingresando al entonces «Honorable» Concejo Deliberante en la gestión 2015-2019 por el espacio liderado por Enrique Cresto y Armando Gay. Su trayectoria dio un giro en julio de 2019, cuando, sin finalizar su mandato como concejal, fue designada secretaria de Desarrollo Humano por el intendente Enrique Tomás Cresto. Su pareja, Carlos Alberto Gómez, también ocupaba un cargo de confianza como funcionario de la Unidad Municipal de Proyectos Estratégicos. Sin embargo, los rumores sobre los ilícitos eran un «grito a voces» en la ciudad y la «tormenta perfecta» se desató en septiembre de 2019, tras una denuncia formal de un contratado que aseguró haber sido víctima de la maniobra. El allanamiento al domicilio de Sáenz y Gómez, que incluyó la difusión de un audio donde se escuchaba a Gómez aplicando una quita del 40% a un empleado, precipitó la crisis. Sáenz presentó su renuncia al Intendente, alegando «responsabilidad y madurez política» y la convicción de privilegiar el «proyecto político al que pertenece por encima del interés particular.» El intendente Cresto, quien había respaldado públicamente a Sáenz, aceptó la dimisión, destacando su confianza en que la Justicia «actúe con diligencia e imparcialidad para determinar responsabilidades.» La condena de este martes cierra el capítulo judicial, sentando un precedente sobre el uso de la función pública para beneficio personal y poniendo fin, de forma definitiva, a la posibilidad de que Sáenz y Gómez vuelvan a ocupar cargos en el Estado. compartir
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