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» Diario Cordoba
Fecha: 03/12/2025 07:18
Las entidades del tercer sector realizan un papel fundamental, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables, entre los que se encuentra la población con discapacidad psicosocial, física, intelectual o sensorial. Con motivo de la conmemoración este miércoles 3 de diciembre del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, Diario CÓRDOBA ha reunido este martes a cinco representantes de fundaciones y administraciones que trabajan de forma conjunta con esta población en una mesa de redacción, denominada ‘Hacia dónde se dirige el tercer sector en Córdoba: amenazas y fortalezas’. La conclusión principal extraída en dicho encuentro, enfocado en este caso más a la discapacidad intelectual, es que administraciones, asociaciones y fundaciones tienen que seguir trabajando «mano a mano» para que las personas con discapacidad puedan contar con recursos financieros y sociales para optar, con la mayor igualdad posible respecto a la población en general, a derechos como son una vivienda digna, un empleo, una educación adaptada, un ocio y a poder ser lo más autónomas posibles, siempre que se les faciliten los apoyos adecuados. Amplia participación institucional y del tercer sector Los intervinientes fueron Bernardo Jordano, teniente de alcalde y delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba; Ángela Amate, presidenta de la Fundación Futuro Singular; Blas García, presidente de la Fundación Prode; Antonio Ramón Guinea, presidente de Funlabor, y Carmen Cruz, directora del Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba. Ángela Amate, Blas García, Bernardo Jordano, Jesús Morales, María del Carmen Cruz y Antonio Ramón Guinea, en la mesa de redacción. / A.J. GONZÁLEZ El presidente de la Fundación Prode expuso que el tercer sector, en general, pasa por una "delicada situación financiera y un escaso reconocimiento" a pesar de la necesaria labor que realiza, lamentando que la sociedad actual tienda «mucho hacia la desigualdad». Blas García apuntó que, mientras que las personas con capacidades diferentes sufren el doble de desempleo que la población general, su índice de empleabilidad es justo la mitad, recayendo el 80% de la inserción laboral en el trabajo protegido, como los centros especiales de empleo. García redundó en que apenas un 20% de las personas con discapacidad son contratadas por empresas ajenas al tercer sector, obligando a asociaciones y fundaciones a convertirse en empleadoras, ante la falta de ofertas laborales para sus usuarios. Persisten los prejuicios En esta misma línea, el presidente de Funlabor manifestó que «sigue existiendo una falta de confianza en las personas con discapacidad intelectual y también prejuicios» a la hora de contratarlas, ya que no existen los suficientes cupos de reserva de discapacidad en las empresas ni recursos para adaptar los puestos de trabajo, así como tampoco programas para una transición adecuada que posibiliten que, tras una formación, estas personas puedan optar a determinados empleos. Educación y formación Una mayor financiación y atención a estas necesidades reclamó a su vez la directora del Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba, quien trasladó que, a pesar de los «esfuerzos» en los últimos años de la UCO, en términos de convenios y actuaciones compartidas con entidades del tercer sector y otras instituciones, para mejorar la atención a las capacidades distintas, actualmente el programa UCOincluye solo dura un curso porque es lo que permite la financiación obtenida por Fundación ONCE y Fondo Social Europeo, pero si hubiera más aporte económico podría extenderse durante al menos dos cursos. Participantes en la mesa de redacción impulsada por Diario CÓRDOBA. / A.J. GONZÁLEZ Cruz incidió que apenas un 2% de los universitarios que se matriculan presenta una discapacidad y que de este grupo, de los que logran graduarse, solo uno de cada tres accede a un empleo, porque si de por sí cualquier joven tiene dificultad para el acceso a un trabajo, las personas con discapacidad pues tienen aún más. Además, la directora del Área de Inclusión de la UCO se refirió, al igual que el resto de intervinientes, a la necesidad de que las personas con discapacidad, tanto universitarias como de otras etapas y edades puedan disfrutar de un ocio inclusivo. Enfermera escolar para el centro María Montessori Por otro lado, la presidenta de Futuro Singular abogó, en el ámbito de la educación, a favor de que entidades como la que ella representa cuenten con el apoyo de una enfermera del sistema sanitario público para los 42 niños con edad escolar que Futuro Singular está atendiendo actualmente con grandes necesidades y graves problemas de salud en su centro de educación especial María Montessori, lo que motiva que casi el 100% de estos menores esté requiriendo atención frecuente del 061. Ángela Amate recordó que los centros educativos están contando con una enfermera referente escolar, por lo que reivindicó este mismo derecho para el alumnado de Futuro Singular. También en el apartado de la educación, Blas García planteó la necesidad de incrementar la formación combinada con el empleo, muy instaurada en Alemania y otras naciones más avanzadas, a la vez que criticó que la financiación que entidades como la que él preside reciban los fondos públicos para los centros especiales de empleo un año después, cuando en otras regiones, como Castilla-La Mancha se pagan cada trimestre. Con respecto al tema de mejorar los derechos de las personas con discapacidad, Bernardo Jordano recalcó que si «las administraciones hacen bien su trabajo, cada vez habrá más recursos disponibles y menos necesidad de que los mismos los tengan que aportar los usuarios y entidades del tercer sector. «Si nosotros ponemos terrenos para viviendas ya no tenéis que costearlos vosotros, si nosotros adaptamos las vías y servicios públicos para personas con distintas capacidades ya no lo tenéis que hacer las asociaciones. Lo que estamos buscando es el empate entre lo que hace el tercer sector y lo que hace la administración». Viviendas En cuanto a la vivienda, el presidente de Prode avanzó que su fundación está impulsando el modelo de vivienda paralela, el paso de residencia a una vivienda autónoma. «Tenemos a personas con discapacidad intelectual residiendo en viviendas autónomas, personas a las que les facilitas un empleo, disponen de un salario y con el mismo pagan un arrendamiento. Nosotros le aportamos el apoyo socioeducativo que requiere este paso y la supervisión, pero ya es otro tipo de vivienda», precisó. Precisamente, Prode se encuentra actualmente transformando en Pozoblanco una residencia de 42 plazas para personas gravemente afectadas en cuatro unidades de convivencia. «O sea, que en vez de vivir 42 personas juntas, van a vivir 10, 10, 11 y 11. Serán como cuatro minicentros y lo queremos tener terminado para el 30 de junio de 2026, para lo que se ha contado con ayuda de fondos Next Generation», detalló. Por su parte, Ángela Amate y Antonio Ramón Guinea hicieron también hincapié en que sus respectivas entidades están fomentando viviendas para desarrollar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. En el caso de Funlabor, el proyecto se quiere desarrollar en terrenos de la antigua residencia Noreña y en el de Futuro Singular, cerca del Hipercor. Finalmente, la innovación y el uso de la inteligencia artificial fue otro asunto mencionado por los cinco participantes en la mesa de redacción, valorándose los beneficios que pueda aportar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero también planteándose la necesidad de formar a estas personas en el manejo de la cultura digital existente hoy en día en muchas de las actividades de la vida diaria.
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