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» El Ciudadano
Fecha: 03/12/2025 05:06
La investigación abordó maniobras de fuga de capitales realizadas para eludir las restricciones del denominado “corralito”, en el marco del colapso financiero de 2001 que derivó en el perjuicio de ahorristas En la sentencia, dada a conocer el viernes pasado, el tribunal -integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni- dispuso además el decomiso de más de 45 millones de dólares y condenó también a otros ocho directores y funcionarios de la entidad bancaria por el mismo delito, aunque en calidad de miembros. En el debate -iniciado hace más de un año y tres meses- intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset. A su vez, la fiscalía contó con la colaboración técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena. Los ocho condenados como miembros de la asociación ilícita son Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli, para quienes el tribunal impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Según probó la fiscalía, todos ellos, desde sus diferentes roles, formaban parte de una estructura delictiva. Asimismo, todos los imputados fueron absueltos, por prescripción, en relación al delito de administración fraudulenta por el que también habían llegado elevados a juicio. La resolución ordenó también el decomiso de la suma de 45.685.000 dólares a entidades financiera investigadas. De esa cifra, 25.494.000 dólares corresponden a Credit Suisse y otros 19.740.000 dólares a JP Morgan Chase Bank. Según se indicó, la cifra decomisada deberá ser destinada a la restitución de las víctimas afectadas por las maniobras defraudatorias, cuyo perjuicio económico se estimó en al menos 19.020.811 dólares. También se dispuso el decomiso de los fondos originados de la venta de las acciones de la empresa “Química Estrella SA”, que formaron parte de la investigación, los cuales serán afectados al pago de la demanda por daño moral, fijada en 98.614.500 pesos. La acusación del MPF Durante el alegato, realizado a lo largo de tres audiencias de septiembre y octubre, los representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron a los imputados por los delitos de asociación Ilícita y administración fraudulenta. Para los fiscales, fueron responsables “de un caso arquetípico de manejo desleal, infiel, de los fondos confiados a las autoridades del Banco General de Negocios desde mediados de los años 90 hasta su cierre definitivo en 2002”. En este mismo sentido, Córdoba sostuvo que Rohm, en su calidad de directivo de la entidad bancaria utilizó a la institución para desviar, a través de diferentes mecanismos, fondos que habían sido confiados por clientes. La fiscalía dio por acreditado que “para el perfeccionamiento de la operatoria actuaron conjuntamente un grupo de personas que, por sus funciones dentro del banco o por su cercanía con algún miembro de la entidad, realizaron aportes imprescindibles para el éxito de la maniobra”. En ese marco, la fiscalía también hizo alusión José Rohm -hermano del principal condenado- quien, como presidente del Banco General De Negocios, socio de la Compañía General de Negocios y del Banco Comercial de Uruguay, entre otras firmas financieras, tuvo un rol preponderante y principal en estos hechos, pero tras su fallecimiento en 2014, fue declarada extinta la acción penal. En cuanto a las maniobras, el MPF puntualizó que ya en 1999 -un par de años antes del colapso financiero- algunas autoridades utilizaron al banco para beneficio propio con operaciones de compra-venta de bonos. Asimismo, se describieron las conductas de asistencia financiera ilícita a empresas y personas vinculadas, como así también en la captación marginal de fondos a espaldas de las autorizaciones que tenía otorgada la entidad y hasta la apropiación de títulos valores ajenos. También la fiscalía hizo referencia a los bancos internacionales -en la cabeza de sus directivos- que tenían participación accionaria en el entramado societario del Grupo del Banco General de Negocios. En concreto, el MPF puntualizó en su alegato a William Harrison Jr,, de la firma J. P. Morgan; a Bernd Fahr-holz del Dresdner Bank; y Lukas Miuhlemann de la firma Credit Suisse. Los tres fueron sobreseídos en la investigación por prescripción. Datos del debate El juicio se inició el 4 de septiembre de 2024 y del mismo participaron las representantes del Banco Central de la República Argentina, la querella unificada en representación de los damnificados y los apoderados de los civilmente demandados. Durante el debate oral, declararon alrededor de cien testigos, entre ellos, fueron escuchadas las víctimas que perdieron sus depósitos en el Banco General de Negocios y los funcionarios del BCRA que iniciaron la investigación a principios de los 2000. En aquella época, 2002, Carlos Rohm fue preso, acusado de lavado de dinero. Cinco años antes junto a su hermano José y mientras controlaban el Banco General de Negocios, se habían quedado con el Banco de Santa Fe, al ser privatizado por la gestión de Carlos Reutemann.
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