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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 03/12/2025 04:57
Las condenas son de hasta cinco años El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a una banda liderada por un ex comisario e integrada por tres policías y cuatro civiles, por asociación ilícita y venta de drogas en varias localidades del noreste de la provincia. El fallo estableció penas de hasta cuatro años y diez meses de prisión para Lucas Gabriel Nos, quien era jefe de la Brigada Operativa Departamental de Las Colonias, y para el ex suboficial Matías José Cosentini, considerados responsables de organizar las maniobras delictivas. La resolución surgió de un acuerdo de juicio abreviado, presentado por el fiscal federal Gustavo Onel de la Unidad Fiscal Santa Fe y homologado por el juez federal Luciano Lauria. El tribunal consideró probadas la existencia de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las condiciones agravantes incluyeron el aprovechamiento del cargo de funcionario y el uso de recursos estatales, como patrulleros y elementos secuestrados en causas anteriores, para facilitar actividades de narcotráfico y encubrir pruebas relevantes. La sentencia también alcanzó a la ex oficial María Belén Muratore, quien recibió una pena de cuatro años de prisión por asociación ilícita, falsificación de documento público agravada e incumplimiento de deberes. Por su parte, el entonces subcomisario Rubén Darío Moyano, que estaba a cargo de la Jefatura Departamental de San Jerónimo, fue condenado a dos años de prisión por malversación y encubrimiento agravado. Todas las penas serán de efectivo cumplimiento, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros cuatro individuos también fueron condenados. Andrés Belizan, Andrea y Rocío Cordoba, quienes deberán cumplir tres años de prisión. En tanto, Sol Morel recibió una pena acumulada de cuatro años y seis meses por un antecedente de 2021. Por su parte, el proveedor de sustancias, Daniel Segovia, unificó condenas por un total de siete años, sumando la sanción previa obtenida por tenencia de estupefacientes con intención de comercialización. La causa se construyó a partir de una denuncia formulada por el Organismo de Investigaciones (OI), del Ministerio Público de la Acusación, impulsada luego por el fiscal Onel, a partir de un video en donde se ve a Segovia descender de un auto con dinero en presencia de uno de los policías condenados. Las escuchas Las comunicaciones telefónicas también permitieron reconstruir otra parte del entramado. “Amigo, estamos con esto, tené cuidado… Avísale a la mina que no salga hacer delivery nada que los gendarmes andan de civil… Ya te voy a pasar la patente”, figuró en uno de los diálogos destacados en la sentencia. La banda operó principalmente entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, distribuyendo droga en localidades como Esperanza, Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín. Las pesquisas revelaron que los policías no solo protegían a la organización, sino que territorializaban la venta, decidían quién podía operar y recaudaban cuotas de los puntos de expendio. Ante la negativa de algún vendedor, el grupo organizaba procedimientos directos como represalia. El juez Lauria subrayó que el análisis de los teléfonos incautados arrojó diálogos con un “impactante valor probatorio” y un “nivel de impunidad” notorio. Entre las transcripciones, apareció también la siguiente advertencia interna: “Amigo, avisale a nuestra gente de lo que te enteraste… Para que guarden todo… teléfonos, plata y que no tengan nada de nada… pero que no levanten mucho la perdiz porque si no se cae lo nuestro”, decía otro de los diálogos. El tribunal resaltó la “gravedad institucional”, al constatar que agentes con responsabilidad directa en la lucha contra el narcotráfico fueron quienes articularon el esquema delictivo. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, los agentes organizaban el circuito económico y hasta colaboraban directamente con el proveedor para mover los cargamentos, utilizaran patrulleros y ofrecieran protección logística. La investigación recogió episodios de malversación de fondos y la utilización de bienes del Estado para fortalecer la estructura criminal.
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