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» El Ciudadano
Fecha: 03/12/2025 04:54
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a penas de hasta 4 años y 20 meses de prisión a un excomisario a cargo de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias -con asiento en Esperanza-, a otros dos policías provinciales y a cuatro civiles por integrar una asociación que se dedicaba a comercializar estupefacientes por lo menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023 en diversas localidades del noroeste de la provincia de Santa Fe. Un cuarto policía, con jerarquía de subcomisario, también fue condenado, pero por malversación y encubrimiento agravado. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, titular de la Unidad Fiscal Santa Fe. La decisión judicial -que se dio a conocer el pasado 19 de noviembre- se tomó tras un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y las defensas. El juez federal Luciano Lauria, que integró de forma unipersonal el tribunal, homologó la decisión y les fijó una pena de 4 años y 10 meses de prisión al excomisario Lucas Gabriel Nos y al exsuboficial Matías José Cosentini, al considerarlos responsables de los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, la exoficial María Belén Muratore -integrante también del mismo grupo de trabajo de la policía provincial-, fue condenada a 4 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público agravado por ser funcionaria pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las condenas son de efectivo cumplimiento e incluyeron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la pena impuesta. Por su parte, el entonces subcomisario Rubén Darío Moyano, a cargo en ese momento de la Jefatura Departamental de San Jerónimo, en Coronda, recibió una condena de 2 años de prisión por malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado. Entre algunos de los diálogos más comprometedores señalados en la sentencia, hay uno del 10 de marzo de 2023, en el que el policía Cosentini expresó: “Amigo estamos con esto tené cuidado… Avísale a la mina que no salga hacer delivery nada que los gendarmes andan de civil… Ya te voy a pasar la patente”. Además, se identificó al ya condenado por narcotráfico Daniel Carlos Segovia, como la persona que proveía de drogas a los policías. Al hombre se le aplicó una pena única de 7 años de prisión, tras unificarse con otra de 5 años dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe el 8 de agosto de 2024, por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Con respecto a los integrantes civiles de la organización delictiva, el tribunal les fijó a Andrés Avelino Belizan, Andrea Delfina Córdoba y Rocío Guadalupe Córdoba una pena de 3 años de prisión por la asociación ilícita. Además, a Sol Micaela Morel se la condenó a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión, ya que registraba una condena anterior de 2021 en el fuero provincial. Gravedad institucional En la resolución, el juez Lauria validó la calificación legal propuesta y sostenida por el fiscal Onel, así como también analizó los elementos probatorios presentados durante el proceso. De esta forma, consideró acreditado el ánimo de lucro y la “gravedad institucional” de los hechos e hizo foco en la condición de funcionarios públicos de los acusados, la que consideró como un agravante clave. En esa línea, remarcó que utilizaron tanto su posición como los recursos del Estado (lo que incluyó vehículos oficiales y elementos de prueba secuestrados en otros procedimientos) para fines ilícitos. «El intercambio de mensajes telefónicos obtenidos en los teléfonos de los policías imputados cuyo contenido expone diálogos vergonzosos y absolutamente impropios de quienes se han llamado servidores públicos”, describió el magistrado y subrayó que los policías no solo se asociaron para delinquir, sino que también desviaron y ocultaron pruebas y bienes relacionados con procedimientos relacionados al narcotráfico. Un narcocriminal en el móvil de la PDI La investigación fue impulsada por el fiscal federal Onel, tras una denuncia de las autoridades del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Las medidas se profundizaron a partir de una serie de evidencias iniciales, sobre todo un video casero en el que se veía al sindicado narcocriminal Segovia descendiendo de un automóvil oficial de la AIC manipulando un bolso con cientos de miles de pesos, junto al policía Cosentini. A través de una serie de medidas que solicitó, se llegó a establecer que Nos, Cosentini y Muratore -mientras se desempeñaban como comisario jefe, suboficial y oficial respectivamente- conformaron una asociación ilícita que tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe; fundamentalmente en su cabecera, ubicada en la ciudad de Esperanza, aunque también se constató en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín. Belizan, Rocío y Andrea Córdoba y Morel eran quienes, según la acusación, se dedicaban puntualmente a la venta de droga. El fiscal resaltó que Segovia, condenado por ese delito y por la tenencia ilegal de arma de fuego, era quien proveía del material a los efectivos para que estos lo distribuyeran en distintos puntos de venta, donde luego pasaban a recaudar el dinero. El juez Lauria señaló que «las conversaciones que mantuvieron entre sí los imputados tienen una relevancia superlativa para acreditar los hechos imputados y la enorme cuota de poder e impunidad con que se manejaron en el departamento Las Colonias». Según la investigación, los policías también ordenaban territorialmente la venta de drogas y definían quién vendía y quién no. Y a aquellos que se negaban a pagar una cuota para continuar con la actividad, les realizaban procedimientos. La malversación de caudales públicos atribuida al policía Consentini y su rol relevante dentro de la estructura quedaron plasmados con el hecho de que utilizaba un patrullero oficial para realizar distintas diligencias referidas a las maniobras delictivas, como encontrase con el proveedor de drogas Segovia o realizar las recorridas por los bunkers. La asociación habría operado por lo menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, de acuerdo a la información que se pudo obtener del teléfono del exsuboficial Consentini. Precisamente algunas de las transcripciones de las conversaciones extraídas de los teléfonos de los policías fueron consideradas por el tribunal de un «impactante valor probatorio». Los diálogos incriminatorios En el fallo, el juez Lauria señaló que «las conversaciones que mantuvieron entre sí los imputados tienen una relevancia superlativa para acreditar los hechos imputados y la enorme cuota de poder e impunidad con que se manejaron en el departamento Las Colonias, donde se encontraban asignados para la lucha contra el narcotráfico”. Entre algunos de los diálogos más comprometedores señalados en la sentencia, hay uno del 10 de marzo de 2023, en el que el policía Cosentini expresó: “Amigo estamos con esto tené cuidado… Avísale a la mina que no salga hacer delivery nada que los gendarmes andan de civil… Ya te voy a pasar la patente”. En otra conversación, el exsuboficial sostuvo: “Ahí los escucho… No no pero los vimos hoy… No van hacer allanamientos… Van hacer controles y chequeo, pero viste que ustedes están en el centro y ahí van a estar”. Dentro del fallo, se destacó una conversación entre el entonces comisario Nos y Cosentini donde el primero le dice al segundo: “Amigo, avisale a nuestra gente de lo que te enteraste… Para que guarden todo… teléfonos, plata y que no tengan nada de nada…pero que no levanten mucho la perdiz porque sino se cae lo nuestro”. Tras el análisis global del caso y al citar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscripta por la República Argentina, el juez Lauria remarcó en el fallo que resulta indispensable reiterar que se juzgaron “conductas de funcionarios policiales cuya misión era precisamente luchar contra la magnitud y la tendencia creciente del tráfico ilícito de estupefacientes, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.
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