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Parana » APF
Fecha: 02/12/2025 12:31
El Órgano de Revisión de Salud Mental destacó que representó un avance en el respeto por los derechos humanos de los usuarios. Se destacó que la ley nacional "incorpora la perspectiva de derechos, entiende a las personas como sujetos de derecho y no como objetos de intervención". Entre Ríos adhirió en 2016 mediante Ley Provincial Nº 10.445. Se busca desjudicializar las internaciones, que quedan en manos de los equipos de salud, mientras que el Poder Judicial realiza el control de legalidad. martes 02 de diciembre de 2025 | 12:20hs. Este martes 2 de diciembre se cumplen 15 años de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, a la cual Entre Ríos adhirió en 2016 mediante Ley Provincial Nº 10.445. Esta norma ha implicado un avance en materia de derechos de los usuarios y usuarias, a la vez que todavía representa grandes desafíos. Gervasio Anzola, psiquiatra, integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, destacó que la ley "incorpora la perspectiva de derechos, entiende a las personas como sujetos de derecho y no como objetos de intervención". De esa manera, además de los criterios biológicos y psicológicos, promueve abordajes desde la atención primaria, comunitaria, interdisciplinaria e intersectorial. A su vez, Anzola indicó que se busca desjudicializar las decisiones relacionadas con las internaciones, las que quedan en manos de los equipos de salud, mientras que el Poder Judicial realiza el control de legalidad, es decir, verifica que todos los tratamientos se ajusten a los principios de la ley. Se propone también desmanicomializar: que las atenciones no estén centradas en hospitales que promuevan el encierro, sino más cerca de la comunidad y de puertas abiertas a otras instituciones, familiares y amigos. Desafíos En cuanto a los temas pendientes en torno a la norma, el psiquiatra del Órgano de Revisión manifestó que "hay muchos desafíos, principalmente lograr la plena implementación". En ese sentido, recordó que la ley plantea que el 10% del presupuesto total de salud debe ser asignado a salud mental, pese a lo cual en la mayoría de las provincias esta asignación es del orden de 2%. Contar con estos recursos posibilitaría la existencia de más dispositivos alternativos a la internación. "La ley prevé la internación involuntaria en situaciones puntuales de riesgo, pero la dificultad está en que hay muchas personas que no deberían estar internadas y lo están, porque faltan dispositivos para la externación, casas asistidas, refugios y hospitales de noche, entre otros", expresó. A esto sumó la necesidad de que haya mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras y que se promueva la creación de equipos interdisciplinarios de salud mental en hospitales generales. Finalmente, recordó que el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos recibe denuncias por incumplimiento de los preceptos de la ley, como situaciones relacionadas con las condiciones de internación, que se prohíba el contacto con familiares, que se violen derechos sobre el consentimiento informado –que solamente está excluido en el caso de riesgo cierto e inminente– o si hay dificultades de acceso a tratamientos. (APFDigital)
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