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» Santo Tome al dia
Fecha: 02/12/2025 12:30
La Casa Rosada quiere que el Presupuesto 2026 sea aprobado en el Congreso antes de fin de año, pero enfrenta una creciente presión de los gobernadores, que reclaman fondos inmediatos a cambio de su respaldo legislativo. La discusión, que se profundizó en las últimas semanas, aún está lejos de cerrarse y amenaza con postergar la votación hasta después del recambio parlamentario. En el oficialismo dan por hecho que el dictamen aprobado en noviembre en la Comisión de Presupuesto de Diputados sufrirá modificaciones, en un intento por sumar voluntades en ambas cámaras. Sin embargo, los gobernadores insisten en que la inclusión de obras o partidas en el texto del Presupuesto no alcanza, y que necesitan transferencias efectivas antes de fin de año. Una posibilidad que se analiza es canalizar esos recursos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Como gesto político, el Gobierno comenzó a refinanciar las deudas de algunas provincias, una estrategia impulsada por el secretario de Interior Diego Santilli, con el objetivo de distender la relación con los mandatarios provinciales. No obstante, en los bloques dialoguistas del Congreso advierten que las promesas no alcanzan y que “falta que aparezca la plata”. La advertencia de gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes elogiaron el canal de diálogo abierto pero remarcaron la falta de soluciones concretas, encendió luces de alerta en el Ejecutivo. A ello se suma un dato fiscal preocupante: en noviembre, las transferencias a las provincias cayeron un 5,4 % en términos reales, según estimaciones del IARAF. En el Congreso, los bloques de La Libertad Avanza están a la espera de que el Gobierno concrete algún anuncio para reactivar el debate. El objetivo oficialista es lograr la aprobación antes del jueves 18 de diciembre, ya que luego los tiempos legislativos se ven condicionados por las Fiestas. Además del Presupuesto, el Ejecutivo pretende avanzar en diciembre con otras iniciativas sensibles, como una reforma de la Ley de Glaciares y un proyecto que sanciona a los legisladores que aprueben leyes sin detallar su financiamiento. El escenario combina urgencias fiscales, tensiones políticas y tiempos legislativos muy ajustados, en una pulseada que definirá no solo la suerte del Presupuesto, sino también la relación futura entre el Gobierno nacional y las provincias.
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