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Parana » APF
Fecha: 02/12/2025 11:33
Diputados justicialistas entrerrianos manifestaron su preocupación por la propuesta en el Proyecto de Ley de Presupuesto General Nacional 2026 del artículo 30 que deroga el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Se manifestó la “firme defensa de la continuidad, fortalecimiento y financiamiento adecuado de la educación técnico profesional en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos”. martes 02 de diciembre de 2025 | 11:16hs. Diputados justicialistas de Entre Ríos ingresaron a la Cámara un proyecto de declaración en el que se expresó “su profunda preocupación por la propuesta contenida en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 que, en su artículo 30, dispone la derogación del artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y manifiesta su firme defensa de la continuidad, fortalecimiento y financiamiento adecuado de la educación técnico profesional en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos”. En el proyecto, de autoría de la diputada Silvia Ávila, se manifestó que “se vería con agrado que las autoridades nacionales competentes revisen dicha propuesta, garanticen la plena vigencia del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y aseguren los recursos necesarios para el sostenimiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas, protegiendo el derecho a la educación y el desarrollo productivo de las comunidades entrerrianas”. Desfinanciar y debilitar a las escuelas técnicas La diputada cuestionó que la derogación del artículo “… implica, en los hechos, desfinanciar la modalidad técnico profesional en todo el país, debilitando gravemente las condiciones materiales para el funcionamiento de escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de formación profesional y otros espacios formativos vinculados a la educación técnico profesional”. Añadió que “en la provincia de Entre Ríos, la red de instituciones de educación técnico profesional (escuelas técnicas y agrotécnicas, principalmente) está presente tanto en las ciudades cabeceras como en localidades pequeñas y zonas rurales. Estas instituciones forman técnicos y técnicas de nivel medio y superior, trabajadores calificados y futuros profesionales que aportan al entramado productivo provincial: industria, energía, construcción, metalmecánica, electromecánica, informática, servicios técnicos, producción agropecuaria y agroindustrial, entre otros sectores”. También precisó que “cuentan con una matrícula actual de 21.725 estudiantes (datos de las POI a Diciembre 2024), distribuida en los siguientes establecimientos: 52 E.E.T (Escuelas de Educación Técnica); 27 E.E.A.T Escuelas de Ed. Agrotécnica); 20 Anexos (19 anexos de Formación Profesional y 1 anexo agro); 8 C.F.P (Centros de Formación Profesional); 8 ATM (Aulas Talleres Móviles); 1 ATMF (Aula Taller Móvil Fluvial); 1 Sede ATM (DETP)”. Modalidad fundamental del Sistema Educativo La legisladora sostuvo que “la educación técnico profesional constituye una modalidad fundamental del Sistema Educativo argentino y entrerriano, tanto por su aporte a la formación integral de las y los estudiantes como por su rol estratégico en el desarrollo productivo, industrial, agroindustrial y de servicios de nuestras comunidades”. Recordó que “la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 creó, en su artículo 52, el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, con una asignación no menor al 0,2% del total de los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional, destinado a la inversión en equipamiento, infraestructura, insumos, actualización tecnológica y formación docente específica de la modalidad”. También indicó que aquel “diseño normativo se articula con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que establece la responsabilidad compartida del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo, y con la normativa específica que sostiene la modalidad técnico profesional a nivel federal y provincial, incluyendo la Ley de Educación de la Provincia de Entre Ríos Nº 9890 y resoluciones del Consejo Federal de Educación que reafirman el sentido y finalidad de dicho Fondo”. Ávila destacó que “el funcionamiento de estas escuelas requiere inversiones sostenidas en talleres, laboratorios, equipamiento específico, herramientas, maquinarias, insumos, elementos de seguridad e higiene, mantenimiento edilicio y formación docente permanente. La modalidad técnico profesional se basa en clases prácticas y trabajo en talleres, lo que demanda un nivel de financiamiento muy superior al de la educación común, y no puede depender de la contribución de las familias, de cooperadoras escolares o de la buena voluntad del personal docente y directivo para adquirir insumos y sostener la actividad cotidiana”. Las familias sostienen el costo de los materiales También consignó que “Directivos de escuelas técnicas de cabecera provincial han señalado que, ante la insuficiencia de los fondos específicos, se ha debido trasladar parte del costo de los materiales a las familias, o recurrir a cooperadoras y soluciones improvisadas, con el consiguiente riesgo de profundizar las desigualdades y deteriorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje”. Añadió que “se agregan las dificultades para la formación y capacitación de los docentes que necesitan de especializaciones para llevar adelante los talleres y la complicación que encuentran las escuelas y centros para que los estudiantes puedan realizar las practicas profesionalizantes y adquieran así experiencia en terreno”. El ajuste ya llegó La diputada expuso que “en zonas del interior de la provincia, rectores y equipos directivos de escuelas técnicas y agrotécnicas han manifestado públicamente que ya se observan ajustes en las transferencias del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional: entre 2023 y 2024 se registró una disminución de los montos, afectando la programación de inversiones y la posibilidad de sostener talleres, reparaciones menores y la adquisición de equipamiento”. En aquel escenario manifestó que “se ha advertido que, de concretarse la eliminación del artículo 52 de la Ley Nº 26.058, sería muy difícil garantizar el funcionamiento de los talleres de carpintería, metalmecánica y otras especialidades, así como la compra de herramientas y maquinarias indispensables para el desarrollo de las prácticas en escuelas agrotécnicas (incluyendo insumos y equipamiento productivo básico), lo que pondría en riesgo la continuidad misma de las propuestas formativas”. Ávila opinó que “desfinanciar esta modalidad implica, por lo tanto, debilitar una de las herramientas más eficaces para garantizar el derecho a la educación, favorecer la inclusión y promover la movilidad social ascendente. En este contexto, la eventual derogación del artículo 52 de la Ley Nº 26.058 y la consecuente eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional contravienen los principios de progresividad en materia de derechos sociales, así como los compromisos asumidos por el Estado argentino en la legislación nacional y en los acuerdos federales de educación”. Asimismo añadió que “la medida proyectada no sólo impactaría en la infraestructura y el equipamiento, sino también en la formación docente, en la actualización curricular y en la posibilidad de sostener prácticas profesionalizantes de calidad para miles de estudiantes entrerrianos”. (APFDigital)
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