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Colon » El Entre Rios
Fecha: 02/12/2025 09:30
Este martes por la mañana, en los Tribunales de Concordia, se leyó la sentencia del Acuerdo de Juicio Abreviado entre el agente fiscal y los imputados Julia Elena Sáenz, exconcejal de Concordia, y su pareja, Carlos Alberto Gómez, para resolver las acusaciones de corrupción en su contra. La investigación atribuye a Sáenz y a sus cómplices múltiples hechos de Concusión Agravada y Tráfico de Influencias cometidos entre 2015 y 2020 en Concordia. Asumieron la culpa Los imputados, según la información a la que accedió El Entre Ríos, confesaron la existencia de los hechos que le fueran atribuidos, dejándose constancia que el reconocimiento sólo tendrá valor en el marco de celebración de un Juicio por Procedimiento Abreviado, ello conforme las pautas acordadas en esta pieza. En consecuencia, expresaron conformidad, junto a sus defensores, de los términos contenidos en el presente acuerdo sobre la existencia de los hechos, reconocimiento expreso de la autoría, de la calificación legal y de la pena de prisión pautada. Sanciones impuestas Por todo ello, en la sentencia leída este martes por la mañana en los Tribunales de Concordia, se impuso a la exintengrante del bloque de concejales del Partido Justicialista entre 2019 y 2023 y su esposo una pena de 3 años de prisión condicional, una multa de $1.500.000 a cada uno y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas. A ambos, se les impuso las reglas de conductas, por el plazo de 3 años, comprendidas en el artículo 27 bis del Código Penal que comprende: A) mantener informado su residencia, B) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas en lugres públicos, C) adoptar un oficio, arte o trabajo adecuado a su capacidad, D) realizar trabajos a favor de una institución de bien público por 150 horas que llevará a cabo durante los dos primeros años de la condena y E) concurrir a la Oficina de Medios Alternativos cada cuatro meses a los fines de controlar el cumplimiento de las reglas. Delito La maniobra consistía en que Sáenz abusaba de su cargo para exigir a varios empleados municipales la entrega de un porcentaje ilegal de sus salarios a cambio de gestionar la continuidad de sus contratos. La acusación se fundó en la denuncia inicial de una de las víctimas, complementada con pruebas documentales, testimonios de otros empleados afectados, e informes de transferencias bancarias. Fuente: El Entre Ríos.
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