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» Impactocorrientes
Fecha: 02/12/2025 06:06
Penas más duras, imprescriptibilidad y cambios en legítima defensa, la reforma del Código Penal que quiere el Gobierno El Poder Ejecutivo presentó un proyecto integral —anunciado por Patricia Bullrich en Casa Rosada— que endurece condenas, limita beneficios y redefine la protección a víctimas, menores y funcionarios públicos. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que aspira a rediseñar el sistema punitivo argentino y que, según la ex ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, busca “dar vuelta una realidad donde los favorecidos eran los delincuentes”. El texto, elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, propone un cambio estructural en materia de penas, ejecución y participación de las víctimas. “El Congreso va a tener una misión histórica”, afirmó Patricia Bullrich al presentar el proyecto. La ministra sostuvo que el Código Penal vigente “está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían” y que, con el paso de las décadas, “ha tenido un montón de modificaciones, de parches”. También señaló que “los Códigos no se cambian todos los días”, y definió la iniciativa como un intento de construir un cuerpo normativo moderno y coherente. Penas más duras Uno de los puntos centrales es la modificación del sistema de condenas. El homicidio simple eleva su máximo de 25 a 30 años y el homicidio agravado incorpora nuevas circunstancias especialmente protegidas: funcionarios públicos —incluida la figura del Presidente— docentes en ejercicio de su función, menores de 16 años y adultos mayores de 65. La intención oficial es reforzar la protección de grupos vulnerables y de personas que cumplen tareas esenciales. Para el Ejecutivo, la “puerta giratoria” queda formalmente desactivada. El proyecto fija que el 82% de los delitos tendrá cumplimiento efectivo, limita la posibilidad de salidas transitorias y exige que las víctimas o sus familiares sean notificadas antes de cualquier beneficio, desde libertades condicionales hasta salidas educativas. Bullrich justificó ese punto con casos en los que personas excarceladas volvieron a delinquir sin que la víctima estuviera informada. El esquema incluye una disposición que reactualiza la acumulación de condenas en casos de asesinatos múltiples, especialmente vinculados al crimen organizado, una problemática que el Gobierno observa con atención en Rosario y otros territorios. Narcotráfico, robo y violencia urbana: el delito “siempre importa” La ministra dedicó un tramo de su exposición a cuestionar lo que definió como una “filosofía que minimizaba” hechos como robos a transeúntes, motochorros o amenazas con armas no disparadas. “Todo importa. Salir con un arma tiene un objetivo y ese daño también debe ser penado”, sostuvo. Bajo esa lógica, el proyecto endurece las penas para los delitos contra la propiedad cuando exista violencia, uso de armas o actuación en grupo. También se incluyen ajustes en narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y secuestros extorsivos, todos ellos catalogados entre los hechos más graves. Imprescriptibilidad de delitos graves y reforma de la legítima defensa El proyecto declara imprescriptibles delitos como homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, trata, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, corrupción de menores y atentados contra el orden constitucional. Bullrich vinculó esa decisión con situaciones en las que agresores evaden la investigación durante años y vuelven al país sin posibilidad de ser juzgados. En particular, destacó que las víctimas de abuso sexual infantil suelen tardar décadas en poder denunciar: “Si hablan 30 años después, el Estado debe escucharlas”, afirmó. Otro cambio de fondo es la presunción a favor de quien se defiende. La ministra sostuvo que, ante un ataque con arma real o de utilería, el Código deberá priorizar la situación de la víctima y no la interpretación posterior sobre el tipo de arma. Accidentes de tránsito y conducción imprudente La reforma incorpora la figura de conducción imprudente, reclamada desde hace años por organizaciones como Madres del Dolor. Las penas pasarán de los actuales 1 a 3 años a una escala de 2 a 6 años, y de 3 a 6 en casos agravados. La intención es establecer responsabilidad penal clara para quienes conducen con negligencia, uso del celular o maniobras riesgosas. Corrupción con penas “gravísimas” Según anunció Patricia Bullrich, el proyecto establece que los delitos de corrupción pública pasarán a tener penas "graves y gravísimas", en línea con su planteo de que quienes ejercen cargos estatales deben afrontar un estándar mayor de responsabilidad. “Si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, afirmó. La ministra agregó que los funcionarios “tienen que actuar como aquel que se compromete en defender al ciudadano cuando jura por Dios, por la Patria, por los Santos Evangelios y dice que va a hacer cumplir la Constitución y todas sus leyes”. En ese sentido, sostuvo que “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”. Bullrich enmarcó este cambio dentro de la premisa general que atraviesa toda la reforma: "El que las hace, las paga". Un Código único y de aplicación nacional El proyecto apunta a unificar criterios en todo el país: las provincias no podrán alegar diferencias en sus códigos procesales para modificar la ejecución de una condena o el acceso a beneficios. La intención es crear un estándar homogéneo en materia penal, reducir interpretaciones divergentes y garantizar que las sentencias se cumplan. La Casa Rosada confía en que la discusión legislativa se convierta en uno de los debates centrales del año parlamentario. En la mirada del Gobierno, la reforma representa una oportunidad para fijar un rumbo a largo plazo en materia criminal. Ahora el Congreso deberá definir si acompaña una transformación que promete impactar de lleno en el funcionamiento del sistema penal argentino.
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