02/12/2025 02:36
02/12/2025 02:36
02/12/2025 02:35
02/12/2025 02:34
02/12/2025 02:33
02/12/2025 02:33
02/12/2025 02:32
02/12/2025 02:32
02/12/2025 02:31
02/12/2025 02:31
Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 02/12/2025 02:08
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de Ignacio Veronesi, presidente de Aceitera Agroindustrial SA, por la venta irregular de granos que estaban bajo custodia judicial. Justicia confirmó el procesamiento de empresario que vendió granos decomisados valuados en más de $106 millones. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el recurso de Ignacio Veronesi, presidente de Aceitera Agroindustrial SA, quien vendió toneladas de soja y maíz que estaban bajo custodia judicial tras un operativo de AFIP. Así se confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, del involucrado por la venta irregular de más de 370 toneladas de granos que se encontraban decomisados y bajo su custodia. El empresario deberá afrontar un embargo de $22 millones, mientras que el perjuicio fiscal total asciende a $106.678.504. La resolución, firmada por los camaristas Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Veronesi y ordenó al juez instructor "arbitrar los medios necesarios para la averiguación exhaustiva" del caso, señalando que "los plazos procesales han sido extensos". El origen del conflicto Todo comenzó el 7 de noviembre de 2017, cuando inspectores de AFIP detectaron en la planta de Aceitera Agroindustrial SA un total de 12.700 kilogramos de maíz y 357.987 kilogramos de soja sin la documentación respaldatoria correspondiente. La empresa no pudo justificar la procedencia ni la trazabilidad de los granos. Ante la falta de respuesta, en enero de 2018 el organismo de recaudación dispuso la clausura de la planta por seis días y el decomiso de toda la mercadería. Los granos quedaron almacenados en el mismo establecimiento, bajo la custodia de Pablo Blas Veronesi, encargado de la planta y designado como depositario judicial. La empresa apeló la medida, pero la resolución fue confirmada en abril de 2018, quedando firme el decomiso. La desaparición de los granos En febrero de 2024, más de cinco años después, AFIP intimó formalmente a Aceitera Agroindustrial SA a liquidar los cereales decomisados a precio de mercado y depositar el producido en una cuenta a favor del organismo. La empresa tenía 15 días para cumplir. El incumplimiento llevó a que, en julio de 2024, personal de AFIP se presentara en la planta y descubriera una escena que agravó la situación: el establecimiento se encontraba cerrado "con signos evidentes de abandono". Al día siguiente, los funcionarios se dirigieron al domicilio de Pablo Veronesi, quien realizó una declaración que resultó clave para el caso. Según consta en el expediente, el encargado de la planta manifestó que "la mercadería había sido vendida", pero dijo desconocer al comprador y aclaró que "la operación había sido realizada por Ignacio Veronesi". La confesión desencadenó que, en septiembre de 2024, AFIP presentara una denuncia penal contra ambos empresarios por "sustracción de caudales públicos". Los argumentos de la Cámara En su resolución, la Cámara Federal consideró que existen elementos suficientes para sostener el procesamiento de Ignacio Veronesi. Los magistrados evaluaron que, aunque Pablo Veronesi era el depositario judicial formal, Ignacio Veronesi "en su rol de Presidente del Directorio de la empresa, no cumplió con la intimación cursada para liquidar los cereales decomisados". Además, destacaron que "con su accionar habría dado lugar al perjuicio" a la Agencia de Recaudación, calculado en más de $106 millones, equivalente al valor de mercado de los granos desaparecidos. La Cámara también rechazó los planteos de la defensa sobre vulneración a la cosa juzgada y descartó, por el momento, la prescripción de la acción penal alegada por los abogados de Veronesi, indicando que podrían haber existido "factores interruptivos" que mantienen vigente la acción procesal. Premura judicial Un dato significativo de la resolución es la instrucción de la Cámara al juez federal para que acelere la investigación. Tanto los camaristas como el fiscal general interino coincidieron en señalar que "los plazos procesales han sido extensos" y solicitaron "premura en la resolución del caso". El expediente lleva ya ocho años desde la inspección inicial de noviembre de 2017, un plazo que las autoridades judiciales consideran excesivo para este tipo de causas. El caso sigue su curso en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde se determinará la responsabilidad definitiva de los imputados y se intentará esclarecer el destino final de las toneladas de granos que desaparecieron estando bajo custodia judicial. Fuente: R2820/APF Digital
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por