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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 01/12/2025 21:57
La Organización de las Naciones Unidas ha elevado su voz de alarma ante el gobierno argentino, señalando graves irregularidades en las prácticas de seguridad y control social que vulneran los derechos fundamentales de la población. En un documento preliminar emitido por el Comité contra la Tortura durante su 83° sesión, se cuestionan las políticas implementadas por el Ministerio de Seguridad, particularmente aquellas que regulan el empleo de fuerza letal no convencional y el controvertido “Protocolo Antipiquetes”, desplegado en protestas callejeras como las concentraciones semanales frente al Congreso. Expertos internacionales urgen a las autoridades a reformular estas normativas para que se alineen con principios globales de razonabilidad, equilibrio y transparencia en las acciones policiales. Entre las preocupaciones más acuciantes, el informe destaca la ausencia de progresos en las indagaciones sobre incidentes de violencia desmedida durante manifestaciones públicas. Casos emblemáticos incluyen las intervenciones en la Capital Federal a lo largo de 2024 y 2025, así como en Jujuy en 2023, donde el despliegue indiscriminado de proyectiles de goma, agentes irritantes y vehículos de contención resultó en heridos de gravedad y arrestos sin justificación legal. La ONU reclama mecanismos efectivos de investigación interna y sanciones a los responsables, enfatizando que tales excesos no solo erosionan la confianza ciudadana, sino que contravienen tratados internacionales ratificados por el país. Otro foco de crítica recae en las condiciones de reclusión, donde el uso de estaciones policiales como centros de detención temporal se considera inadecuado y degradante. El organismo internacional exige la eliminación inmediata de esta modalidad, promoviendo alternativas que preserven la integridad personal de los detenidos, y advierte contra los regímenes de aislamiento extremo en prisiones, que confinan a los internos por más de 20 horas al día, limitando visitas y agravando el deterioro psicológico. En particular, se menciona el escándalo de torturas reportadas en instalaciones carcelarias de Santa Fe durante el año pasado, instando a auditorías exhaustivas para erradicar estos abusos. El panorama se agrava con las cifras reveladas por la Procuración Penitenciaria de la Nación en un extenso análisis de 415 páginas, que documenta cientos de episodios de maltrato en el sistema federal. Solo en 2024, se registraron 271 casos de agresiones por parte de fuerzas como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, sumados a 646 víctimas en penales que albergan a más de 11 mil personas, con predominio de privaciones materiales, golpizas y negligencias sanitarias. Bajo la dirección de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, estos datos pintan un retrato alarmante de un aparato estatal que prioriza la represión sobre la protección de vulnerables. En un llamado final a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la ONU aboga por un enfoque holístico que priorice la rehabilitación sobre el castigo, especialmente en lo que respecta a menores de edad. Se exige poner fin a la retención de niños y adolescentes en comisarías, rechazar cualquier rebaja en la edad de imputabilidad y transformar la prisión en una opción de último recurso, con instalaciones segregadas de las adultas y énfasis en programas restaurativos. Esta advertencia, divulgada a fines de noviembre de 2025, no solo busca prevenir una escalada de violaciones, sino recordar que el respeto a la dignidad humana es el pilar de cualquier democracia consolidada. Noticia vista: 489
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