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  • Milei rompe el consenso democrático en Defensa al nombrar al militar Presti y desata una fuerte controversia

    CABA » Plazademayo

    Fecha: 01/12/2025 18:29

    Por primera vez desde 1983, un militar activo estará al frente del Ministerio de Defensa. Javier Milei designó al Teniente General Carlos Alberto Presti, hijo de un coronel de la dictadura imputado por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos califican la medida como una “provocación” y alertan sobre una peligrosa militarización de la política. El presidente Javier Milei anunció que el Teniente General Carlos Alberto Presti será el nuevo Ministro de Defensa. Presti se convierte así en el primer militar en ocupar ese cargo desde 1983, año en que Argentina recuperó la democracia y se estableció un consenso básico: la defensa nacional debía estar bajo mando civil para garantizar que los militares no volvieran a intervenir en la política. Desde entonces, todos los gobiernos respetaron ese principio. Milei decidió romperlo. Según explicó el propio Presti, no pasará a retiro. Continuará como militar activo en una “situación distinta”, lo que lo coloca en una zona gris inédita desde el retorno democrático. Esto implica que un integrante activo de la estructura castrense tomará decisiones de gobierno. El peso de la historia y la sombra de la dictadura La designación generó un impacto político aún mayor porque Presti es hijo del coronel Carlos Roque Presti, un represor imputado por crímenes de lesa humanidad. Roque Presti fue jefe del Regimiento 7 de La Plata, bajo cuya órbita funcionaron centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta. Fue acusado por 44 casos de secuestro, desaparición, torturas y por participar del operativo en el que fue asesinada Diana Terusi y secuestrada su hija de tres meses, Clara Anaí, quien aún permanece desaparecida. El colectivo Desobedientes —integrado por hijos de represores que decidieron romper el silencio familiar— ya había cuestionado duramente el ascenso del ahora ministro. A su vez, Abuelas de Plaza de Mayo calificó la designación como una “provocación”, especialmente a meses de cumplirse los 50 años del golpe. “Milei rompe el consenso democrático en Defensa”: advertencias del CELS El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) evaluó el nombramiento como parte de una tendencia de “militarización de la política”. Marcela Perelmán, referente del organismo, explicó que no se trata de un “partido militar”, sino de una estrategia del gobierno para atraer actores castrenses a puestos de gestión: inteligencia, seguridad interior y ahora la conducción política de Defensa. Para el CELS, esta decisión eleva el riesgo institucional porque quienes manejan las armas pasan, por primera vez desde 1983, a tomar decisiones sobre el uso de esas armas. Este proceso debilita la separación entre poder civil y poder militar y habilita la posibilidad de que las fuerzas armadas desarrollen una agenda política propia. Una política exterior alineada con Washington El perfil ideológico de Presti —identificado como un militar libertario de extrema derecha— coincide con la estrategia geopolítica del gobierno. El ministro promueve un alineamiento incondicional con Estados Unidos, el fortalecimiento de vínculos con el Comando Sur, la aspiración a ser socio de la OTAN y la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país. Paradójicamente, este acercamiento dificulta cualquier avance argentino en el reclamo sobre las Islas Malvinas, dado que Estados Unidos mantiene una alianza estratégica con Gran Bretaña. Una decisión que reabre debates de fondo La designación de Presti vuelve a instalar un debate central para la democracia argentina: ¿quién debe tomar las decisiones sobre la defensa nacional?, ¿qué riesgos implica la militarización de áreas políticas?, ¿cómo afectan estos cambios a una sociedad que todavía busca memoria, verdad y justicia? Con esta decisión, Milei no solo quiebra una tradición institucional de 42 años. También abre una nueva etapa en la relación entre Fuerzas Armadas, política y democracia. El país ya discute sus consecuencias.

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