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Parana » Radio La Voz
Fecha: 01/12/2025 17:23
La mayor parte de los compromisos corresponde a organismos públicos, pero el sector privado representa un desafío clave para la estabilidad financiera en un mes que crece la demanda de pesos por aguinaldos y vacaciones. Tras refinanciar el 96,48% de los compromisos que vencían en la última licitación de noviembre, el Gobierno enfrenta en diciembre vencimientos de deuda en pesos que superan los $40 billones, una cifra que representa uno de los mayores desafíos financieros del año. Sin embargo, el dato esconde que más de la mitad de lo que vence corresponde a endeudamiento intra sector público, lo que modifica la complejidad del panorama inmediato. Frente a este escenario, consultoras privadas estimaron que aproximadamente $14 billones de esos vencimientos están en manos de inversores privados. El resto se vincula con organismos públicos o entidades controladas por el propio sector estatal, lo que suele derivar en operaciones de canje o renovación automática de los títulos. El Tesoro llega a diciembre con apenas $4 billones de depósitos en moneda nacional en el Banco Central, mientras que los compromisos exponen la necesidad de sumar liquidez estacional cercana a $2,8 billones, según cálculos privados. Los pagos de aguinaldos amplifican la presión sobre las cuentas públicas. Parte de los desafíos del último mes del año radica en la combinación entre mayores necesidades de efectivo y un eventual resultado fiscal negativo. El Ministerio de Economía cuenta con $15 billones extra depositados en el Banco Nación. Sin embargo, esos fondos no son de uso inmediato porque están colocados en títulos o créditos, por lo cual requieren una operatoria financiera previa si se decide acudir a ellos. Ante este marco de reservas administradas, las alternativas para transformar esos activos en liquidez pasan por vender los títulos públicos en cartera o solicitar un pase activo al Banco Central colocando esos instrumentos como garantía. Este escenario podría evitarse en caso de que el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, logre una tasa de refinanciamiento cercana al 100%. Para ello, analistas anticipan que podría continuar con el desarme del apretón monetario vía baja de encajes bancarios o, si no, debería ofrecer una mayor tasa de interés en la subasta del 11 de diciembre para evitar la liberación de pesos al mercado. “El Gobierno antes de la licitación seguirá flexibilizando encajes para tener más margen. Otras opciones son transferir pesos del superávit fiscal al BCRA, o que el BCRA salga a comprar reservas para inyectar liquidez. Esto último parece más difícil por el nivel del tipo de cambio”, analizó el economista Federico Machado. En la subasta de la semana pasada Finanzas consiguió un refinanciamiento de casi el 100% del total que operaba en el mercado. El proceso no requirió incentivos significativos, una señal que algunos actores interpretaron como un indicio de confianza renovada en los instrumentos de deuda en pesos. “Es un buen resultado refinanciar prácticamente la totalidad de los vencimientos sin ofrecer premios significativos y consolidando la confianza del mercado en los instrumentos de deuda en pesos (dada la marcada reducción en la colocación de dólar linked) y que las medidas sobre encajes y un menú con opciones de más corto plazo también hayan ayudado”, evaluó Aurum Valores. La estrategia del equipo económico incluyó ajustes en los encajes bancarios para mantener la demanda por instrumentos de deuda en pesos. Este enfoque permitió que el Tesoro solo necesitara utilizar $0,5 billones depositados en el Banco Central para cancelar los vencimientos. Según Rava Bursátil, “la licitación de deuda del Tesoro resultó exitosa, renovando casi la totalidad de los vencimientos y logrando una desindexación de los instrumentos. Este resultado consolida la normalización de la curva de pesos, en un contexto de mayor optimismo derivado de las elecciones legislativas”. Desde Adcap, destacaron que la demanda fue favorecida por la baja de tasas simultáneas y alivio en encajes, que elevó los pesos excedentes en búsqueda de rendimiento. “Hubo premio en tasas fijas, Tamar y dólar linked, no así en CER, que cortaron prácticamente en línea con el secundario”, consignó la firma. Al analizar la estructura de los vencimientos y la duración de los instrumentos emitidos, Porfolio Personal Inversiones (PPI) puntualizó que “lograr un roll over cercano al 100% y emitir instrumentos de mayor plazo requirió ofrecer tasas ligeramente más altas que las del mercado secundario”. Los datos muestran que el plazo medio volvió a ubicarse por encima de los seis meses. Durante la última subasta, el plazo promedio de los instrumentos colocados ascendió a 183 días, lo que permitió cerrar noviembre con un promedio general de 215 días de duración. PPI atribuyó la decisión de extender plazos a la combinación de menor incertidumbre política tras las elecciones y cierta estabilidad cambiaria, factores que reactivaron el apetito de los inversores por posiciones más largas en instrumentos en pesos. Entre los factores operativos más mencionados, la reducción de simultáneas -del 22% al 20%- y lod ajustes en encajes permitieron absorber liquidez excedente del mercado, mientras que las tasas reconocidas en la última licitación, en particular en los instrumentos a tasa fija, reflejaron la búsqueda de posiciones de corto plazo antes de fin de año. Datos de Max Capital muestran que al 20 de noviembre, el Tesoro mantenía $4,3 billones, por lo cual resultaba esencial asegurar un rollover elevado en la última licitación de noviembre. Ese nivel se habría reducido tras la última licitación. Para la próxima colocación de diciembre, los vencimientos con tenedores privados alcanzan unos $14 billones. Según los analistas de la ALyC, en esa instancia podría observarse una menor demanda relacionada con la incrementada necesidad de liquidez estacional, lo que forzaría al Estado a convalidar tasas de interés superiores. La situación del Tesoro en el último mes del año involucra decisiones clave respecto del uso de los depósitos disponibles y la operatoria necesaria para movilizar recursos del Banco Nación, con una atención creciente sobre la capacidad del sector público para reciclar su deuda y administrar el flujo de caja sin generar presión extra sobre el mercado monetario.
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