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» RosarioNet
Fecha: 01/12/2025 16:29
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que el Gobierno se prepara para encarar “el Congreso más reformista de la historia”, con una agenda legislativa que incluirá desde la reforma del Código Penal hasta una batería de proyectos vinculados a seguridad, economía y modernización del Estado. Además, reiteró que el Gobierno confía en que habrá “madurez política” en el recinto para debatir y acompañar las reformas. El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma integral del Código Penal. Se trata de una iniciativa que pretende reemplazar un texto centenario -redactado hace más de 100 años- y adaptar la normativa a los desafíos actuales vinculados al crimen organizado, la violencia y la complejidad delictiva contemporánea. Según la información oficial, la iniciativa propone un endurecimiento generalizado de penas en delitos graves como homicidios, robos agravados, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de la prescripción para delitos como abuso sexual y homicidio agravado, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe convertirse en un beneficio para los responsables ni en un obstáculo para las víctimas. Otro eje central es la efectividad del cumplimiento de la pena. El Gobierno señala que actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el imputado no llega a cumplir prisión efectiva. Con la reforma, se busca que el 82% de las penas implique encierro real, elevando los mínimos y reduciendo la discrecionalidad para la excarcelación. El proyecto también redefine el alcance de la prisión perpetua: dejará de tener límite temporal, de modo que una condena por homicidio agravado represente, literalmente, prisión para toda la vida. Un paquete que se integra con otras reformas penales La presentación del nuevo Código Penal se articula con otros cambios ya impulsados por el Gobierno: la implementación plena del Sistema Acusatorio -que transfiere la investigación penal a los fiscales y agiliza los procesos- y la baja de la edad de imputabilidad, uno de los puntos más discutidos en la agenda pública. “Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje oficial que acompañó el envío del proyecto. La iniciativa busca colocar en el centro del sistema penal a las víctimas, un reclamo recurrente de organizaciones y sectores políticos que exigen mayor rigor en la respuesta estatal frente a delitos violentos.
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