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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/12/2025 13:12
En su nuevo informe sobre la situación del país, el organismo especializado en prevención de la tortura de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la situación de presos en comisarías. Advirtió al Estado argentino que debe poner fin a las detenciones de largo plazo en dependencias policiales, para no incurrir en responsabilidad internacional. Las recomendaciones impactan directamente sobre las obligaciones de jueces y juezas penales como garantes últimos de las condiciones de detención. Luego de recibir la información proveída por el Estado Nacional y diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Comité contra la Tortura (CAT) compartió sus observaciones finales sobre Argentina. El CAT se expresó específicamente sobre la detención prolongada de personas en comisarías y alcaidías policiales, incluyéndola dentro del catálogo de violaciones a los compromisos internacionales de prevención de la tortura y recomendó que el Estado cese inmediatamente con esta práctica. A diferencia del último informe de 2017, en esta ocasión el Comité dedicó un apartado entero a la situación de las comisarías, en una clara señal de la gravedad que alcanzó este problema y la falta de respuestas estatales. En particular, el CAT instó al Estado a adoptar, con carácter urgente, las siguientes medidas: Poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de larga duración, promover el traslado a centros de detención adecuados después de que se hayan presentado cargos contra personas bajo custodia policial, y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento efectivo de esta prohibición. Garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones, mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica. Esto implica asegurar el acceso inmediato a atención médica, instalaciones sanitarias en condiciones, agua potable y una alimentación suficiente, así como la posibilidad de acceder a espacios al aire libre o zonas de recreación. Asimismo, el Estado Parte debe realizar una evaluación diligente para determinar si las personas detenidas en estas dependencias policiales pueden beneficiarse de alternativas a la detención. La responsabilidad de jueces y juezas El fortalecimiento de los mecanismos institucionales de garantía y la evaluación sobre alternativas a la prisión son acciones que tienen un claro destinatario: el Poder Judicial. En ese sentido, y sin dejar de lado las responsabilidades que caben a otros poderes, son los jueces y las juezas los garantes últimos de las condiciones de detención. Y todas las personas detenidas por períodos prolongados en una comisaría lo están por una decisión judicial. Son los jueces y las juezas quienes deben cumplir con este mandato de revisar posibles medidas alternativas a la enorme cantidad de casos en donde esas medidas serían posibles y útiles para evitar riesgos procesales. Además, al hablar de promover el traslados a centros de detención adecuados después de la formulación de cargos, el CAT le está recordando a los jueces cuál es su función en esa audiencia inicial: o mantener la privación de la libertad en un espacio apto para detenciones de largo plazo (siempre que exista lugar disponible) o, en su defecto, liberar a la persona. El retorno a la comisaría luego de la formulación de cargos constituye una gravísima violación al deber jurisdiccional de prevención de la tortura que el organismo especializado de Naciones Unidas, acertadamente, se ocupa de destacar. Las recomendaciones del CAT se inscriben en la misma línea de lo señalado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en el informe presentado en octubre pasado; hacen especial énfasis en la situación de las comisarías como una situación de tortura y marcan la necesidad de reforzar el rol de los órganos garantes. El CAT solicitó que, a más tardar el 28 de noviembre de 2026, se otorgue información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones. Incumplirlas expone a Argentina a responsabilidad internacional en una materia tan sensible para nuestra historia: la prevención de la tortura. Preocupación por situaciones “sumamente deficientes” Las observaciones de la CAT describen situaciones vergonzosas para nuestro sistema penal. Este órgano de Naciones Unidas expresó “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración”. El Comité describió las condiciones de detención como sumamente deficientes, tales como celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo. Además, se observan demoras significativas en la atención médica a las personas detenidas. Además de la situación en comisarías, el informe aborda temas como la falta de salvaguardias legales fundamentales de las personas detenidas y el uso excesivo de la fuerza en protestas sociales, entre otros. También se destacan situaciones locales, como las detenciones masivas sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos” en Tucumán, en los operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
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